El llamado del presidente Gustavo Petro a la movilización del próximo 18 de marzo en apoyo a las reformas estructurales ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y social del país. Mientras algunos mandatarios locales respaldan la iniciativa, otros han optado por no declarar el día cívico en sus territorios, lo que ha provocado un debate sobre la autonomía territorial y la participación ciudadana.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró la importancia de estas movilizaciones, especialmente en lo referente a la reforma laboral, asegurando que busca mejorar las condiciones de los trabajadores. “Las diferencias políticas no deben convertirse en represalias. Nadie en el sector público ni en el privado puede ser sancionado por participar en la manifestación”, enfatizó el ministro.

Posturas divididas en las regiones

En distintas regiones del país, el apoyo a la movilización es variable. Ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla han mostrado altos niveles de adhesión, mientras que en departamentos como Antioquia y Santander, la respuesta ha sido más reservada. De acuerdo con datos preliminares, cerca del 70% de los ciudadanos en Valle del Cauca y Atlántico respaldan la marcha, mientras que en Antioquia y Cundinamarca el porcentaje se reduce al 65%.

Consulta popular y reforma laboral

Uno de los puntos clave de la consulta popular promovida por el Gobierno es la jornada laboral. La propuesta busca establecer que el horario diurno culmine a las 6:00 p.m., lo que implicaría que las horas posteriores sean consideradas extras con recargos adicionales. “Confiamos en que los trabajadores apoyarán esta medida en la consulta, ya que representa un avance en sus derechos”, señaló Sanguino.

Denuncian bloqueo legislativo

El ministro de Trabajo también hizo referencia a las dificultades en el Congreso, mencionando a algunos senadores que, según él, han intentado frenar las reformas. “Hay una actitud de bloqueo institucional que dificulta el avance de los cambios necesarios para el país”, afirmó.

Ante este panorama, el Gobierno insiste en que la consulta popular es una herramienta legítima para destrabar el debate y permitir que los ciudadanos expresen su opinión. Mientras tanto, el país se prepara para una jornada de movilización que, sin duda, marcará un punto clave en el rumbo de las reformas impulsadas por la administración de Gustavo Petro.