El decreto con el que el presidente Gustavo Petro busca convocar a una consulta popular el próximo 7 de agosto ya fue recibido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aunque el organismo electoral no ha emitido un pronunciamiento oficial, su titular, Hernán Penagos, deberá ahora evaluar la validez jurídica de la norma y definir si se activa o no el calendario electoral que permitiría llevar a cabo la votación.

Esta decisión llega en medio de una creciente controversia jurídica y política. Hasta la fecha, el Consejo de Estado ha recibido ocho demandas de nulidad y una tutela contra el decreto presidencial. Además, en la Corte Constitucional, la senadora Paloma Valencia solicitó la suspensión provisional del mismo mientras se estudia de fondo su legalidad.

La tensión se intensificó con la intervención de nueve partidos políticos que, mediante comunicación formal, pidieron al registrador Penagos abstenerse de continuar con el trámite. Argumentan que la medida vulnera el Estado Social de Derecho, el Principio de Soberanía Popular, el debido proceso y desconoce la decisión del Senado, que negó el pasado 1 de mayo la iniciativa de consulta propuesta por el Gobierno Nacional.

Entre las críticas más destacadas está la acusación de que el decreto presidencial, firmado por todo el gabinete, ignora la negativa del Congreso y reabre un proceso que, según los opositores, ya fue zanjado por la vía legislativa.

Pese al rechazo de diversos sectores, si la Registraduría acepta el decreto, deberá iniciar la expedición del calendario electoral correspondiente y solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para montar la logística del proceso en todo el país y en el exterior.

La consulta popular impulsada por el presidente Petro contempla una serie de preguntas relacionadas con temas laborales, sociales y económicos, y ha sido presentada como un mecanismo de participación ciudadana ante los reiterados bloqueos legislativos a sus reformas.

Mientras tanto, el país queda a la expectativa de la decisión que tome la Registraduría en los próximos días, en medio de una disputa que pone a prueba los límites institucionales entre las ramas del poder público y que podría marcar un nuevo capítulo en la historia democrática de Colombia.