El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca cambiar la forma en que empresarios y emprendedores realizan trámites ante el Estado.

La iniciativa, denominada Proyecto de Ley de Competitividad, fue radicada en el Senado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y tiene como principal objetivo reducir los tiempos, costos y trámites que actualmente enfrentan quienes quieren crear una empresa, formalizar un negocio o poner en marcha una inversión.

La propuesta parte de una idea concreta: si una entidad del Estado ya tiene determinada información o un documento, el ciudadano no debería tener que volver a entregarlo ante otra dependencia.

“Vamos a simplificar la vida de los empresarios, sobre todo de las MIPYMES, para que puedan crear empresa y construir patria”, afirmó el ministro Mauricio Gómez Amín.

Menos trámites y más coordinación entre entidades

Uno de los cambios planteados es fortalecer la Ventanilla Única Empresarial, VUE, para que los empresarios puedan realizar más procedimientos desde un mismo espacio y sin tener que recorrer diferentes entidades para entregar la misma información.

El proyecto también propone crear un Expediente Único Empresarial Digital, con el que las entidades públicas podrán compartir información y consultar documentos que ya se encuentren en poder del Estado.

La intención es evitar una situación que durante años ha generado críticas entre empresarios y emprendedores: tener que entregar varias veces los mismos documentos y responder requerimientos de diferentes entidades para avanzar en un solo proceso.

El Gobierno sostiene que la coordinación debe darse dentro del Estado y no trasladarse al ciudadano.

Las MIPYMES serían uno de los principales beneficiados

El proyecto pone especial atención en las micro, pequeñas y medianas empresas, que suelen tener menos capacidad financiera y administrativa para enfrentar trámites prolongados y costos adicionales.

Entre las medidas incluidas está la eliminación del cobro del concepto de inspección técnica de seguridad de bomberos para las microempresas.

La propuesta busca que la formalización y el funcionamiento de pequeños negocios tengan menos barreras y que los costos asociados a estos procesos sean menores.

Plazos definidos para los proyectos

Otro de los puntos centrales está relacionado con los tiempos de respuesta de las entidades públicas.

En sectores como construcción y urbanismo, el Gobierno plantea establecer un requerimiento único e integral, con el propósito de evitar que las autoridades soliciten información por partes y en diferentes momentos.

También se propone un certificado urbanístico vinculante con un plazo de 15 días hábiles, una medida que busca dar mayor certeza a quienes necesitan saber si un proyecto puede avanzar antes de comprometer recursos.

Para los empresarios, contar con fechas claras puede ser determinante al momento de decidir si realizan una inversión o ponen en marcha un proyecto.

Cambios para quienes importan y exportan

La propuesta también contempla modificaciones en los procesos de comercio exterior.

El Gobierno busca fortalecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE, para mejorar la coordinación entre las entidades que intervienen en las operaciones de importación y exportación.

La idea es reducir la repetición de documentos y evitar controles duplicados cuando la información ya ha sido suministrada por una empresa.

No se eliminarían los controles de seguridad

El proyecto no plantea eliminar los controles que tienen que ver con asuntos como la salud pública, la seguridad, el medioambiente o la protección de terceros.

La apuesta del Gobierno es modificar la manera en que se realizan esas verificaciones para que sean más digitales, coordinadas y proporcionales al nivel de riesgo.

“Queremos destrabar la permisología. El Estado tiene que controlar lo que realmente debe controlar, pero no puede convertir cada inversión, cada emprendimiento o cada nueva empresa en una carrera de obstáculos”, sostuvo Gómez Amín.

La iniciativa ahora deberá surtir el trámite correspondiente en el Congreso de la República, donde será discutida y podrá ser modificada antes de una eventual aprobación.

El Gobierno espera que el proyecto permita reducir la carga burocrática para las empresas y mejorar las condiciones para invertir, producir y generar empleo. Sin embargo, el alcance real de los cambios dependerá del debate legislativo y de la forma en que finalmente quede aprobada la ley.