En medio de la polémica que desató el borrador de decreto sobre el mecanismo de cobertura por el deslizamiento del salario mínimo, Colpensiones salió al paso para despejar dudas y asegurar que la propuesta del Ministerio de Hacienda no modificará en absoluto las mesadas de los pensionados del régimen público.

El documento, revelado inicialmente por Valora Analitik, generó inquietud entre gremios como Fasecolda y Asofondos, que alertaron sobre eventuales impactos en el sistema pensional. Sin embargo, Colpensiones fue enfática al afirmar que el proyecto está dirigido exclusivamente al Régimen de Ahorro Individual (RAIS), es decir, a los fondos privados.

Según la entidad, la iniciativa busca actualizar las reglas de cobertura que se aplican cuando el salario mínimo aumenta por encima de lo proyectado, un mecanismo que opera únicamente para quienes se pensionan a través de rentas vitalicias —inmediatas o diferidas— contratadas con aseguradoras una vez se trasladan los recursos del afiliado.

¿Por qué Colpensiones no entra en esta discusión?

El Régimen de Prima Media, manejado por Colpensiones, no utiliza aseguradoras ni esquemas de renta vitalicia. Las pensiones se pagan directamente con los recursos del sistema, y el incremento anual está garantizado por la Ley 100, que ordena que todas las mesadas atadas al salario mínimo se reajusten en la misma proporción.

Por esa razón, ninguna modificación sobre coberturas o seguros impacta a los afiliados o pensionados del ente público.

¿A quiénes sí podría afectar el decreto?

De acuerdo con la explicación oficial, los cambios sí tendrían efectos sobre actores del RAIS:

• Aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias

• Fondos privados que administran ese régimen

• El Ministerio de Hacienda, que asume parte del costo cuando el salario mínimo sube más de lo previsto

El proyecto, por tanto, se concentra en ajustes técnicos propios de los productos financieros del RAIS, sin alterar las reglas del sistema público.

Con esta aclaración, Colpensiones buscó evitar temores entre los más de 1,8 millones de pensionados que dependen del régimen estatal, subrayando que sus pagos y reajustes continúan garantizados bajo la normativa vigente.