Los gobernadores de los 32 departamentos del país encendieron las alertas frente a las recientes decisiones del Gobierno nacional en materia tributaria y anunciaron que evalúan acudir a instancias judiciales para frenar el aumento de impuestos al tabaco y a los licores, contemplado en el Decreto 1474 de 2025. La postura fue adoptada tras una reunión extraordinaria en la que los mandatarios coincidieron en que la medida pone en riesgo la estabilidad fiscal de las regiones y afecta de manera directa su capacidad de gobernanza.

De acuerdo con lo expuesto por la Federación Nacional de Departamentos, el incremento del Impuesto al Consumo y el alza del IVA aplicado a los licores, que pasó del 5 % al 19 %, genera un impacto negativo sobre las finanzas territoriales. Los gobernadores advirtieron que estos recursos son fundamentales para sostener sectores estratégicos como la salud, la educación, el deporte y programas sociales, por lo que la decisión podría traducirse en recortes o dificultades para garantizar servicios esenciales a la ciudadanía.

Mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la legalidad del decreto que declaró el estado de emergencia económica, los mandatarios anunciaron que estudian la posibilidad de aplicar una excepción de inconstitucionalidad, con el fin de proteger la autonomía fiscal de los departamentos y evitar un detrimento inmediato en sus ingresos. Según señalaron, la medida adoptada por el Ejecutivo no solo tiene implicaciones financieras, sino que también podría vulnerar principios constitucionales relacionados con la descentralización y los derechos fundamentales.

En ese contexto, los gobernadores solicitarán formalmente un espacio de intervención ante la Corte Constitucional y conformaron una comisión que los representará en este proceso. Como voceros fueron designados varios mandatarios departamentales, quienes tendrán la tarea de exponer los argumentos jurídicos y técnicos que sustentan la oposición de las regiones frente al incremento impositivo.

Durante el encuentro, también se expresó inconformidad por recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti. Los gobernadores exigieron respeto por la institucionalidad que representan y rechazaron señalamientos que, a su juicio, deslegitiman la autoridad democrática conferida por los ciudadanos en las urnas. Indicaron que este tipo de mensajes deteriora la relación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales.

Finalmente, los mandatarios hicieron un llamado al Ejecutivo para que convoque de manera urgente Consejos Regionales de Seguridad. Consideran necesario evaluar el desarrollo del Plan Democracia y fortalecer las acciones de inteligencia para prevenir fenómenos como el constreñimiento electoral, el control territorial por parte de grupos armados, el confinamiento de comunidades, las zonas vedadas y cualquier forma de interferencia violenta en el proceso electoral.

Con esta posición conjunta, los gobernadores dejaron claro que defenderán los intereses fiscales y la autonomía de los departamentos, al tiempo que reclaman un diálogo institucional más sólido y concertado frente a decisiones que impactan directamente a los territorios.