El anuncio del presidente Gustavo Petro de ordenar la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud que se encuentren en quiebra desató una intensa controversia en el escenario político nacional, evidenciando profundas divisiones entre sectores de oposición y aliados del Gobierno frente al futuro del sistema de salud en el país.

La propuesta, planteada durante un reciente consejo de ministros, establece que las EPS con problemas financieros deben salir del sistema como una medida para enfrentar la crisis estructural que atraviesa el modelo actual. El mandatario argumentó que esta decisión responde a la falta de alternativas tras los obstáculos que ha enfrentado su reforma a la salud en el Congreso .

Sin embargo, la reacción desde la oposición fue inmediata. Dirigentes políticos y congresistas cuestionaron la iniciativa, advirtiendo que podría generar graves consecuencias para millones de usuarios del sistema. Algunos sectores sostienen que esta decisión pondría en riesgo la atención en salud de una parte significativa de la población y denuncian que no existiría un plan claro para garantizar la continuidad del servicio .

Críticos del Gobierno también han señalado que la crisis del sistema no puede atribuirse únicamente a administraciones anteriores, sino que, según su postura, estaría relacionada con decisiones adoptadas durante la actual gestión. En ese sentido, han pedido mayor responsabilidad y claridad en las medidas que se pretenden implementar.

En contraste, sectores cercanos al Gobierno respaldan la propuesta, asegurando que se trata de una medida necesaria para reorganizar el sistema de salud y corregir fallas estructurales que durante años han afectado la prestación del servicio. Desde esta perspectiva, la liquidación de entidades insolventes permitiría depurar el sistema y avanzar hacia un modelo más eficiente y centrado en el acceso de los ciudadanos.

El debate también se da en medio de decisiones judiciales recientes que han impactado las estrategias del Ejecutivo para reorganizar el sistema, lo que ha obligado al Gobierno a replantear sus acciones frente a la gestión de afiliados y la operación de las EPS.

En este contexto, el futuro del sistema de salud en Colombia se mantiene como uno de los temas más sensibles del debate político, con posturas enfrentadas que reflejan la complejidad de implementar cambios estructurales en un sector clave para millones de ciudadanos.