Un nuevo choque político se desató entre el Gobierno nacional y la administración distrital de Barranquilla luego de conocerse la intención de trasladar a la ciudad a cabecillas de estructuras criminales y otros procesados, en el marco de los acercamientos promovidos por el Ejecutivo bajo la estrategia de llamada paz urbana. La posibilidad de que estos internos sean recluidos en cárceles locales encendió las alertas por los eventuales efectos sobre la seguridad ciudadana.

El alcalde Alejandro Char expresó su rechazo frontal a la medida y cuestionó la falta de claridad jurídica con la que, a su juicio, se estarían tomando decisiones de alto impacto para la ciudad. El mandatario distrital sostuvo que Barranquilla no puede convertirse en el escenario donde se asuman los riesgos de una política que no ha sido concertada con las autoridades locales y advirtió que cualquier alteración del orden público derivada de estos traslados recaería sobre la responsabilidad del Gobierno nacional.

No sé le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad. https://t.co/1YSXau8GMg

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2026

Las declaraciones de Char provocaron una rápida respuesta del presidente Gustavo Petro, quien defendió la política de diálogo con estructuras criminales y aseguró que durante su gobierno se han registrado avances importantes en materia de seguridad en Barranquilla. A través de un mensaje en redes sociales, el jefe de Estado recordó que los homicidios en la ciudad se han reducido de manera significativa y atribuyó ese resultado a procesos de mediación entre bandas que, según afirmó, antes protagonizaban una fuerte confrontación armada.

El cruce de pronunciamientos se produjo en un momento sensible para la capital del Atlántico, que se prepara para recibir a miles de visitantes con motivo del Carnaval, uno de los eventos culturales más importantes del país. Desde el Distrito se insistió en que cualquier decisión que pueda comprometer la tranquilidad de la ciudad debe evaluarse con rigor y con el respaldo de un marco normativo claro.

Ante la controversia, el Ministerio de Justicia intervino para anunciar que, de manera temporal, los traslados quedan en suspenso. La cartera explicó que este tipo de determinaciones deben contar con una coordinación previa entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y el sistema penitenciario, con el objetivo de prevenir riesgos adicionales y garantizar la seguridad de la ciudadanía mientras se define el alcance real de la estrategia de paz urbana.