La Fiscalía General de la Nación dio a conocer detalles claves sobre la investigación derivada del retén militar realizado el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, donde fue interceptada una caravana integrada por miembros del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. En el grupo viajaban Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; Erlinson Echavarría Escobar; Juan Antonio Agudelo Salazar; Diana Carolina Rey Rodríguez; María Alejandra Ojeda Londoño; Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver; y Édgar de Jesús Ortega, alias Firu.

Durante la operación, las autoridades incautaron computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos que fueron sometidos a cadena de custodia y legalizados ante jueces de la República. Dos equipos forenses de la DIJIN se encargaron de analizar el contenido digital, entregando cinco informes técnicos, el más reciente presentado el 26 de junio de 2025 ante la fiscal especializada que lidera el caso en Medellín. El 24 de septiembre se ordenó un nuevo cruce de datos y la verificación continúa, dada la magnitud de la información hallada.

Según el ente acusador, el material incautado ha permitido procesar a 28 integrantes del frente 36 de las disidencias. Además, tres ocupantes de la caravana enfrentan acciones judiciales: María Alejandra Ojeda Londoño y alias Oliver fueron condenados por porte ilegal de armas, mientras que alias Firu tiene un escrito de acusación por homicidio y permanece detenido. Ese día, alias Calarcá y otros tres disidentes no fueron capturados debido a la suspensión de las órdenes de captura vigentes dentro del marco jurídico de la Ley 2272 de 2022 y resoluciones posteriores.

Un hecho que encendió las alarmas institucionales es que, durante los 16 meses de investigación, la información recabada no fue remitida al despacho de la Fiscal General ni a las dependencias superiores de la Delegada para la Criminalidad Organizada. Las verificaciones realizadas en Medellín revelaron datos “de la mayor gravedad” que no estaban siendo investigados.

Ante ello, la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó la intervención del delegado contra la Criminalidad Organizada para abrir líneas de investigación sobre presunta cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército por parte de las disidencias, amenazas a la seguridad nacional, financiación de campañas políticas y creación de empresas de vigilancia al servicio de grupos ilegales.

La fiscal de Medellín encargada del caso compulsó copias ante los fiscales delegados de la Corte Suprema para investigar al brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, cuyo nombre aparece mencionado en los elementos incautados.

La Fiscalía reiteró que debe cumplir el régimen de suspensión de órdenes de captura establecido por la Ley de Paz Total y aclarado por la Corte Constitucional en 2024. Sin embargo, recordó que la Directiva 003 de 2025 establece que, aun en este marco, procede la captura en flagrancia cuando se trate de delitos de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. En estos casos, las detenciones deben someterse a control judicial y pueden dar lugar a imputaciones y medidas de aseguramiento, según el criterio del fiscal del caso.

Con estos hallazgos, el ente acusador abre una nueva fase de indagación que podría tener efectos sobre estructuras criminales, actores políticos y miembros de la Fuerza Pública, en uno de los expedientes más sensibles para la seguridad nacional en los últimos años.