En un nuevo capítulo de vigilancia institucional, la Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente a la empresa Air-e, actualmente bajo intervención estatal, la entrega de sus estados financieros y detalles contractuales correspondientes al periodo desde septiembre de 2024, cuando inició la toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La petición del ente de control exige a la administración de Air-e S.A.S. E.S.P. informes detallados sobre ingresos y egresos, estados de flujo de efectivo, balances de costos operativos y demás reportes contables que permitan evaluar el impacto de la intervención. Además, el documento requiere una certificación del estado financiero y patrimonial de la compañía antes y después del inicio del proceso de intervención.

Uno de los puntos que más llama la atención es la solicitud de copias de los contratos de los 11 nuevos cargos directivos que fueron creados durante esta etapa. La Fiscalía exige conocer los criterios de selección, funciones asignadas y costos laborales asociados a estos nombramientos, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia de estos procesos.

De manera paralela, la Fiscalía también ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos remitir una copia del acto administrativo con el que se oficializó la designación de Carlos Diago Abello como agente interventor, además de cualquier informe de seguimiento relacionado con su gestión.

Este nuevo requerimiento surge en medio de un creciente ambiente de incertidumbre sobre la estabilidad administrativa de Air-e, que ha tenido cuatro agentes interventores en menos de nueve meses, sin que se haya presentado un plan estructurado para afrontar las deudas acumuladas y garantizar un servicio eficiente y sostenible.

El caso continúa generando inquietud entre los usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde más de cinco millones de personas dependen de esta empresa para el suministro de energía eléctrica. Mientras tanto, las autoridades judiciales avanzan en el proceso de indagación para esclarecer posibles irregularidades en la administración de la compañía intervenida.