La Fiscalía General de la Nación solicitó una medida de aseguramiento intramural contra Nicolás Petro Burgos, al considerar que existe material probatorio que lo vincula con el presunto desvío de alrededor de 111 millones de pesos provenientes de la Gobernación del Atlántico, recursos que habrían sido canalizados a través de la Fundación Conciencia Social.

De acuerdo con el ente acusador, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro habría participado en maniobras irregulares relacionadas con la ejecución de convenios financiados con dineros públicos. Las investigaciones indican que el dinero tenía como propósito proyectos sociales en el departamento, pero habría sido desviado hacia otros fines no autorizados.

La Fiscalía sostiene que cuenta con evidencia documental, movimientos financieros y testimonios que comprometerían directamente a Petro Burgos, razón por la cual considera necesaria la medida de aseguramiento carcelaria, argumentando posibles riesgos de obstrucción a la justicia y reiteración delictiva.

El organismo investigador también señaló que la Fundación Conciencia Social habría sido utilizada como intermediaria para justificar la salida de los recursos, pero que sus informes de gestión y soportes contables no coinciden con el uso real del dinero público.

La solicitud fue presentada ante un juez de control de garantías, quien será el encargado de definir si, con base en las pruebas expuestas, procede enviar a Petro Burgos a un centro penitenciario mientras continúa el proceso judicial.

El caso ha generado amplio debate público debido a la relevancia política del investigado y al contexto nacional de lucha contra la corrupción. Entretanto, se espera la respuesta del equipo jurídico de Nicolás Petro, que hasta el momento no ha emitido una declaración oficial sobre la petición de la Fiscalía.