Un nuevo proceso judicial sacude a las Fuerzas Militares de Colombia tras conocerse que la Fiscalía General de la Nación formalizó la solicitud de imputación de cargos contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda por el delito de acoso sexual, en hechos que habrían ocurrido durante su paso por la comandancia del Ejército Nacional.

De acuerdo con el ente acusador, la investigación se basa en denuncias que señalan presuntas conductas de asedio e intimidación de carácter sexual hacia funcionarias de la institución, situaciones que habrían tenido lugar mientras Zapateiro ejercía uno de los cargos más altos dentro de las Fuerzas Militares.

La solicitud de imputación fue radicada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, lo que da paso a una audiencia en la que se le comunicarán formalmente los cargos al oficial retirado, en el marco de un proceso que podría marcar un precedente en la investigación de este tipo de delitos dentro de la fuerza pública.

El caso cobra relevancia no solo por el perfil del implicado, quien lideró el Ejército Nacional entre 2020 y 2022 durante el gobierno del expresidente Iván Duque, sino también por el contexto en el que se presentan estas denuncias, en medio de una creciente visibilización de casos de acoso sexual en diferentes sectores del país.

Según la Fiscalía, las conductas investigadas estarían relacionadas con comportamientos inapropiados hacia una subalterna, lo que habría motivado la apertura del proceso penal y la recopilación de pruebas para sustentar la imputación.

Este proceso se suma a antecedentes de señalamientos públicos contra Zapateiro, quien en años recientes ya había sido mencionado en denuncias similares, las cuales fueron objeto de debate mediático y político en Colombia.

Hasta el momento, el general en retiro no ha emitido una respuesta oficial frente a esta nueva actuación judicial, mientras el país permanece atento al desarrollo de un caso que pone nuevamente en el centro de la discusión la responsabilidad institucional frente a denuncias de violencia de género dentro de entidades del Estado.

La audiencia de imputación marcará un punto clave en el proceso, en el que se definirá el rumbo judicial del excomandante y se evaluarán las pruebas que sustentan las acusaciones, en un contexto donde la justicia enfrenta el reto de garantizar transparencia, debido proceso y protección a las presuntas víctimas.