La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala aseguró que desde hace varios años existen evidencias que vinculan al actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con presuntas irregularidades en el caso Odebrecht durante su paso por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El pronunciamiento fue hecho por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, quien respondió a los recientes cuestionamientos del Gobierno guatemalteco, que calificó la orden de detención contra los exfuncionarios de la CICIG como contraria al derecho nacional e internacional. Curruchiche defendió la legalidad del proceso judicial y afirmó que se basa en una investigación sólida con más de 3.000 medios de prueba, incluyendo correos electrónicos, declaraciones y un testigo clave identificado como “testigo A”.

“La solicitud de captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo no es política. Obedece a evidencias que incluyen correos del año 2017, donde se demuestra que obstruyeron un acuerdo judicial con la Procuraduría General de Guatemala y con ello causaron una pérdida de más de 300 millones de dólares al Estado”, afirmó el fiscal Curruchiche.

Según la Fiscalía guatemalteca, los presuntos delitos que se investigan incluyen asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. La orden de detención fue solicitada hace dos semanas ante una Sala de Apelaciones Penal, con base en documentos y audios aportados por el testigo A, cuya identidad fue aclarada: no se trata del exministro Alejandro Sinibaldi, también investigado por corrupción.

Curruchiche agregó que entre las pruebas figura un correo en el que se afirma que Velásquez habría ofrecido 500.000 pesos a tres empresarios de Odebrecht para resolver su situación jurídica, utilizando como respaldo su experiencia en casos similares en Colombia. Sin embargo, el fiscal aclaró que no se tiene certeza de que haya existido un pago adicional a este ofrecimiento, por lo que el eje de la investigación no es el enriquecimiento ilícito, sino la presunta obstrucción institucional.

La controversia también ha generado reacciones en Colombia, donde diversas voces consideran que se trata de un caso con posibles motivaciones políticas. Desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha rechazado la orden de captura y se ha expresado respaldo a los funcionarios señalados.

A pesar del cruce diplomático, la Fiscalía de Guatemala sostiene que continuará con el proceso judicial y advierte que no cederá a presiones externas, afirmando que las acciones legales se desarrollan “con base en hechos y evidencia verificable, no en posturas ideológicas”.

El caso sigue abierto y está llamado a convertirse en un nuevo capítulo en la ya compleja historia judicial y política que rodea al escándalo de corrupción más grande de América Latina.