La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso judicial para intentar revertir la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por presunto soborno a testigos y fraude procesal. La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Ramírez, radicó de manera formal una demanda de casación con la que solicita que se deje sin efectos el fallo absolutorio emitido en segunda instancia.

El recurso extraordinario, contenido en un documento de 108 páginas presentado ante el Tribunal Superior de Bogotá, busca que se revoque la decisión que favoreció al exmandatario y que, en su lugar, se restablezca la condena impuesta en primera instancia por la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien había sentenciado a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. A esta solicitud se sumaron también los representantes de las víctimas acreditadas en el proceso, quienes radicaron demandas de casación en el mismo sentido.

En el escrito, la Fiscalía sostiene que la Sala mayoritaria del Tribunal incurrió en errores graves y determinantes al absolver al exjefe de Estado. Según la fiscal delegada, el fallo incurrió en violación indirecta de la ley por fallas de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas, lo que, a su juicio, llevó a conclusiones contrarias al material probatorio recaudado durante el juicio.

Como eje central del recurso, el ente acusador insiste en que sí existió una conducta sistemática, dolosa y coordinada orientada a obtener declaraciones falsas mediante ofrecimientos económicos, pagos y promesas de beneficios jurídicos, con el propósito de favorecer procesalmente al expresidente. La Fiscalía reitera que estas actuaciones habrían sido ejecutadas a través del abogado Diego Cadena, quien, según la acusación, gestionó testimonios de internos recluidos en la cárcel de Cómbita, Boyacá.

De acuerdo con la demanda de casación, las pruebas indicarían que Uribe estaba informado en tiempo real sobre las gestiones adelantadas para la recolección de cartas de varios reclusos, documentos que fueron utilizados para sustentar un memorial presentado el 27 de junio de 2018 con el fin de solicitar el desarchivo de una investigación contra el entonces senador Iván Cepeda.

En contraste, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó en su momento que no se logró acreditar la existencia de un plan criminal ni de instrucciones directas del exmandatario a su abogado para realizar ofrecimientos indebidos. La corporación sostuvo que no había evidencia documental, testimonial o pericial suficiente que comprometiera la responsabilidad penal de Uribe en los delitos imputados.

Como consecuencia de ese análisis, el Tribunal anuló en su totalidad la sentencia condenatoria de primera instancia y declaró la absolución del expresidente. Con la demanda de casación ahora en curso, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia determinar si se mantienen los efectos de la absolución o si, por el contrario, se ordena revisar el fallo y eventualmente restablecer la condena, en uno de los procesos judiciales más sensibles y de mayor impacto político en la historia reciente del país.