La justicia ordenó la detención del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, tras una extensa audiencia en la que se definió su situación jurídica por el proceso penal que enfrenta debido a su presunta participación en el caso de corrupción que salpicó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Instituto Nacional de Vías. La diligencia judicial, que se extendió por cerca de diez horas, también cobijó al exministro del Interior Luis Fernando Velasco.

Luego de resolver los recursos presentados por las defensas, la magistrada Aura Alexandra Romero Baquero ratificó la medida de aseguramiento intramural contra ambos exfuncionarios, ordenando su traslado a centros carcelarios mientras avanza la investigación. La decisión dejó en firme que los dos deberán enfrentar el proceso privados de la libertad.

Ricardo Bonilla fue detenido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía al finalizar la audiencia, dentro de la misma sala del Tribunal Superior de Bogotá. Tras la lectura de sus derechos, fue esposado y trasladado al búnker de la Fiscalía, donde permanecerá de manera temporal mientras el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario define el centro de reclusión al que será enviado.

Por su parte, Luis Fernando Velasco informó que se presentará voluntariamente ante las autoridades en la ciudad de Cali, donde reside actualmente. En su caso, también será el Inpec el encargado de determinar el lugar donde cumplirá la medida de aseguramiento ordenada por el tribunal.

Las defensas de ambos exministros interpusieron recurso de apelación, el cual deberá ser estudiado por una Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá integrada por tres magistrados. Sin embargo, debido a la vacancia judicial que inicia el 20 de diciembre, la decisión definitiva sobre este recurso se conocerá en 2026.

La Fiscalía General de la Nación vinculó a Bonilla y a Velasco por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y interés indebido en la celebración de contratos. Según el ente acusador, entre los años 2023 y 2024 los entonces ministros habrían participado en el direccionamiento irregular de contratos de la UNGRD y de Invías.

De acuerdo con la imputación, estos contratos habrían sido entregados a determinados congresistas con el propósito de asegurar su respaldo a iniciativas del Gobierno, entre ellas el proyecto de presupuesto general, que debía ser aprobado por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Para sustentar el proceso, la Fiscalía citó los testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López; del exsubdirector Sneyder Pinilla; y de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides. López y Pinilla aseguraron que el 27 de noviembre de 2023 se realizó una reunión en la Casa de Nariño, a la que denominaron un cónclave, donde se definió la asignación de contratos de obra.

Según sus declaraciones, en ese encuentro participaron altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia; la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; así como los ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Por su parte, Benavides relató reuniones posteriores en las sedes de los ministerios de Hacienda y del Interior, en las que, según su testimonio, se ejercieron presiones para asegurar el respaldo de congresistas a cambio de beneficios contractuales antes del cierre del periodo legislativo.

Con esta decisión judicial, el escándalo de la UNGRD suma un nuevo capítulo que compromete a exfuncionarios de alto nivel y mantiene en vilo al país frente al avance de uno de los casos de corrupción más graves del actual Gobierno.