Fabiola Perea, una de las principales afectadas por el escándalo de interceptaciones ilegales que salió a la luz en 2023, ha reaparecido para exigir una millonaria indemnización por los perjuicios sufridos. A través de su abogado, Boris Andrés Lombana, Perea radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, en la que reclama una reparación económica de 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a aproximadamente $640 millones.
La reclamación se fundamenta en los daños ocasionados a ella y a sus cinco hijos tras ser víctima de interceptaciones ilegales, derivadas de una investigación que la relacionó injustamente con el Clan del Golfo. Las entidades mencionadas como responsables de la reparación son el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
Argumentos de la defensa
El abogado Boris Andrés Lombana explicó que su representada fue víctima de señalamientos injustos por parte de Laura Sarabia, tras la pérdida de un maletín con dinero, lo que derivó en la interceptación de sus comunicaciones. “Es una solicitud de conciliación extrajudicial en favor de la señora Fabiola Perea y su núcleo familiar, quienes fueron objeto de interceptaciones sin sustento legal. Hoy se busca obtener una reparación por los perjuicios causados, incluyendo la dificultad de Perea para reinsertarse en el ámbito laboral”, señaló Lombana en entrevista con Caracol Radio.
Exigencia de acto público de desagravio
Además de la indemnización económica, Perea solicita que las entidades implicadas realicen un acto público de desagravio en el que se reconozca el daño causado y se ofrezcan disculpas a las víctimas de las interceptaciones ilegales. Asimismo, exige que en dicho acto participen todas las personas vinculadas a este caso, sean o no funcionarios públicos en la actualidad.
Este nuevo capítulo del escándalo reaviva el debate sobre la responsabilidad del Estado en la garantía de los derechos fundamentales y la protección de la privacidad de los ciudadanos.
