Las autoridades colombianas intensifican la búsqueda de César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y prófugo de la justicia, señalado como una de las piezas clave del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según informes de inteligencia, el exfuncionario se refugiaría en la región del Catatumbo, donde estaría bajo protección de una integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) vinculada al área de finanzas de ese grupo armado.

De acuerdo con fuentes de alto nivel consultadas por organismos de seguridad, las investigaciones apuntan a que Manrique Soacha habría huido hacia el Catatumbo tras conocerse la orden de captura en su contra, emitida por una jueza de control de garantías de Bogotá el pasado 29 de julio. Desde entonces, se presume que cuenta con la protección de una mujer perteneciente a la estructura financiera del ELN, lo que le habría permitido moverse en zonas de difícil acceso y, posiblemente, ocultar o lavar recursos ilícitos provenientes de los contratos irregulares en la UNGRD.

Los investigadores también indagan si esta conexión con la guerrilla habría facilitado el manejo de dineros públicos desviados mediante redes de testaferros y empresas fachada, con el fin de evadir el control de las autoridades nacionales e internacionales. La Interpol mantiene activa una circular roja contra el exfuncionario, buscado en más de 190 países por delitos de corrupción y lavado de activos.

El papel de Manrique en la red de corrupción de la UNGRD

César Augusto Manrique fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y lavado de activos, luego de que la Fiscalía determinara su participación en un entramado de corrupción que involucró la compra irregular de 40 carrotanques por más de 46.000 millones de pesos en 2023.

Según las investigaciones, el exfuncionario habría recibido una comisión de 3.000 millones de pesos por facilitar la adjudicación del contrato, además de gestionar la liberación de cerca de 100.000 millones de pesos en un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el propósito de direccionar los recursos hacia empresas cercanas a su círculo político.

El entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y su subalterno Luis Carlos Barreto Gantiva, también vinculados al caso, señalaron a Manrique como uno de los principales articuladores del esquema de sobornos y desvío de fondos.

Durante las audiencias preliminares, la fiscal delegada María Cristina Patiño aseguró que Manrique participó directamente en reuniones con altos funcionarios de ambas entidades para acelerar la liberación de los recursos, a cambio de controlar la contratación que surgiría de esos convenios.

Un prontuario judicial que se amplía

El escándalo actual no es el primero en el que se ve envuelto el exdirector. Manrique ya había sido condenado a 10 años de prisión por hechos de corrupción durante su gestión en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en la alcaldía de Gustavo Petro, relacionados con la compra irregular de 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana.

Ahora, la Fiscalía General de la Nación ultima los detalles del escrito de acusación con el que buscará llevarlo a juicio, considerándolo uno de los principales responsables de uno de los casos de corrupción más graves de los últimos años en Colombia.

Un prófugo con nexos peligrosos

La posible alianza de Manrique con el ELN para garantizar su protección abre un nuevo capítulo en esta historia, que combina corrupción política y vínculos con estructuras criminales. Las autoridades han reforzado las operaciones en el Catatumbo, especialmente en zonas rurales de Tibú, El Tarra y Sardinata, donde se presume podría estar oculto.

El paradero de César Augusto Manrique Soacha sigue siendo un misterio, pero su caso refleja el alcance del escándalo de la UNGRD y la creciente preocupación por los vínculos entre redes de corrupción y grupos armados en Colombia.

El Gobierno Nacional y los organismos de inteligencia continúan su búsqueda, mientras la Fiscalía se prepara para presentar formalmente los cargos en su contra ante los tribunales.