La Universidad Internacional de Florida (FIU) enfrenta una creciente ola de rechazo por parte de estudiantes, profesores y organizaciones de derechos civiles, luego de confirmar su adhesión al programa federal 287(g), una controvertida política que permite a las policías locales ejercer funciones migratorias bajo supervisión del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
Este acuerdo, impulsado por la administración del gobernador Ron DeSantis, ha generado fuertes tensiones dentro del campus universitario, ubicado en una de las zonas con mayor población latina del país.
Protesta en defensa de los estudiantes migrantes
Este martes, decenas de estudiantes, activistas y gremios académicos se congregaron frente a la sede principal de FIU, en una manifestación que calificaron como “un acto de resistencia” ante lo que consideran una medida que “rompe la confianza” entre la comunidad universitaria y las autoridades del campus.
Los manifestantes exigieron que la universidad rompa el convenio con ICE y ofrezca garantías reales de protección para los estudiantes indocumentados y beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), quienes, según organizaciones, se sienten ahora bajo amenaza.
FIU: ¿universidad o brazo migratorio?
El programa 287(g), que data de 1996, ha sido duramente cuestionado por fomentar perfiles raciales y vulnerar derechos fundamentales, especialmente en contextos educativos. Su implementación en FIU resulta preocupante, considerando que más del 68% de su población estudiantil es de origen hispano, según U.S. News & World Report.
La decisión de entrenar a la policía universitaria para colaborar con ICE fue vista como una traición a los valores de inclusión y diversidad que caracterizan a la institución. En este contexto, la Facultad Unida de Florida exigió la cancelación del convenio y total claridad sobre las consecuencias que ya se están viendo reflejadas en la comunidad.
Visas canceladas y miedo en los pasillos
Uno de los hechos que más alarmó a la comunidad académica fue la revelación de que entre el 25 de marzo y el 10 de abril, al menos 18 estudiantes internacionales perdieron su visa F1. Aunque la administración no brindó detalles específicos, el anuncio encendió las alarmas entre los alumnos extranjeros, que temen ser objeto de detenciones o deportaciones sin previo aviso.
“Desde que se supo lo del acuerdo con ICE, el ambiente ha cambiado. Hay temor de hablar, de salir o de asistir a clases, por miedo a una redada o una revisión arbitraria”, expresó Ana Gutiérrez, estudiante de Ciencias Políticas.
Lo que sigue: presión, movilización y resistencia
Organizaciones defensoras de derechos migrantes y líderes estudiantiles han advertido que la protesta del martes fue solo el inicio de una serie de movilizaciones. El objetivo: lograr que la FIU se retire del programa 287(g) y garantice que sus espacios sigan siendo seguros para todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio.