El proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos tomó un nuevo rumbo después de que la Fiscalía rechazara el argumento de inmunidad presentado por la defensa del exmandatario venezolano.

La posición de Washington es clara: Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y, por esa razón, considera que no puede utilizar la inmunidad que normalmente protege a un jefe de Estado frente a procesos judiciales en otro país.

La Fiscalía llevó esta posición ante el juez federal Alvin Hellerstein, quien está a cargo del caso en el Distrito Sur de Nueva York. Maduro enfrenta cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos con armas.

La Fiscalía cuestiona la inmunidad

Los fiscales sostienen que el Departamento de Estado dejó de reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019, después de las elecciones presidenciales de 2018 que Washington calificó de fraudulentas.

La misma posición se extiende a Cilia Flores, esposa de Maduro, quien tampoco es reconocida por Estados Unidos como primera dama de Venezuela.

Con ese argumento, la Fiscalía pidió al juez que rechace la solicitud de inmunidad y permita que el proceso penal continúe en Nueva York.

Maduro había pedido cerrar el proceso

La defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, había presentado en septiembre una solicitud para que el caso fuera desestimado bajo el argumento de inmunidad soberana.

Los abogados sostienen que Maduro era el jefe de Estado de Venezuela cuando fueron formulados los cargos y que, por lo tanto, debería estar protegido frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.

Además, la defensa cuestiona la forma en que Maduro fue llevado a Estados Unidos y sostiene que la operación militar utilizada para capturarlo vulneró normas del derecho internacional.

Maduro se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

Washington dice que los delitos tampoco pueden considerarse actos oficiales

La Fiscalía estadounidense planteó además otro argumento para impedir que Maduro utilice la inmunidad.

Según los fiscales, las conductas que se le atribuyen están relacionadas con delitos como tráfico de cocaína, narcoterrorismo y armas. Por ello, sostienen que no pueden ser protegidas como actos oficiales realizados en ejercicio de la Presidencia.

La posición del Gobierno estadounidense es que los acusados habrían actuado para evadir las leyes aplicables, incluido el derecho venezolano, y que eso impide utilizar la inmunidad como mecanismo para detener el proceso.

El proceso continúa en Nueva York

El caso permanece en manos del juez Alvin Hellerstein, quien deberá resolver los argumentos presentados por la defensa y la Fiscalía antes de que avance el juicio.

Maduro y Cilia Flores permanecen bajo custodia federal en Estados Unidos. Ambos se han declarado no culpables de los cargos.

En julio, el juez estableció el 1 de junio de 2027 como fecha prevista para el inicio del juicio contra Maduro y Flores. Antes de esa fecha, el tribunal deberá resolver las diferentes solicitudes de la defensa, incluida la relacionada con la inmunidad soberana.

Una disputa que va más allá del proceso penal

El caso tiene una dimensión política además de judicial. La defensa sostiene que Maduro debe ser tratado como jefe de Estado y cuestiona que Estados Unidos pueda quitarle esa condición mediante una decisión política.

Washington, en cambio, sostiene que dejó de reconocerlo como presidente desde 2019 y que esa decisión tiene consecuencias dentro del proceso judicial.

El juez Hellerstein tendrá ahora que analizar los argumentos de ambas partes. La decisión sobre la inmunidad será uno de los primeros puntos importantes para determinar cómo continuará el proceso contra el exmandatario venezolano.

Por ahora, la posición de Estados Unidos es contundente: Nicolás Maduro no tiene inmunidad como presidente de Venezuela porque Washington no lo reconoce como jefe de Estado, mientras su defensa insiste en que sí debe contar con esa protección.