La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo nivel luego de que el presidente Donald Trump anunciara la designación del régimen de Nicolás Maduro como una organización narcoterrorista extranjera, una decisión que viene acompañada de un bloqueo total a los movimientos petroleros del país suramericano y de una intensificación de la presión militar en el Caribe.

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, Trump aseguró que el gobierno venezolano ha utilizado recursos como petróleo, tierras y activos estatales para financiar actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y el asesinato. Según el mandatario, estos bienes habrían sido “robados” y deberán ser devueltos de manera inmediata a Estados Unidos.

La declaración se produce semanas después de que Washington incluyera al llamado Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, señalando a altos mandos del chavismo como responsables de liderar una red de narcotráfico con alcance internacional. Esta decisión coincidió con el despliegue militar estadounidense en aguas internacionales cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas en la región.

En ese contexto, el Gobierno estadounidense aseguró haber ejecutado más de veinte bombardeos contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico, conocidas como narcolanchas, durante un operativo denominado Lanza del Sur. De acuerdo con las autoridades, estas acciones dejaron más de 80 presuntos narcotraficantes muertos.

Trump afirmó que Venezuela se encuentra rodeada por una fuerza naval sin precedentes en la región y advirtió que la presión aumentará progresivamente hasta que, según dijo, el régimen de Maduro responda por los activos que Washington considera usurpados. Para el mandatario, esta estrategia busca impedir que organizaciones criminales y gobiernos hostiles continúen afectando los intereses de Estados Unidos.

Como parte de esta escalada, el presidente ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de puertos venezolanos, una medida que transforma el alcance del operativo militar y refuerza el cerco económico contra Caracas. Esta decisión se da pocos días después de que el Comando Sur incautara el petrolero Skipper en el Caribe, cuando transportaba crudo venezolano.

Según Estados Unidos, el buque estaría vinculado a una flota utilizada por Irán y Venezuela para evadir sanciones internacionales. El petrolero, sancionado desde 2022, fue trasladado a un puerto estadounidense para iniciar un proceso legal de decomiso de su carga, lo que abre la puerta a nuevas incautaciones en la región.

Desde Caracas, el Gobierno venezolano rechazó las acciones y las calificó como actos de piratería y uso desproporcionado de la fuerza, llevando su denuncia incluso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mientras tanto, la Casa Blanca defendió el operativo como parte de su política de sanciones y control de activos ligados a actividades criminales.

La ofensiva también ha generado cuestionamientos internos en Estados Unidos. Legisladores demócratas han pedido explicaciones por el alcance del operativo militar, ante lo cual el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, comparecieron ante el Congreso y anunciaron que revelarán material audiovisual sobre acciones militares recientes en el Caribe.

Con estas medidas, la administración Trump consolida una de las posturas más duras adoptadas por Washington frente al régimen de Nicolás Maduro, en una confrontación que combina presión diplomática, sanciones económicas y una creciente presencia militar en el Caribe.