La trama de corrupción que sacude a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) continúa revelando conexiones políticas y contratos irregulares que comprometen a figuras de alto perfil en el país. Según nuevas revelaciones, la senadora Martha Peralta y Germán Rafael Mejía, conocido como “Manchy Mejía” y suegro del exdirector de la entidad, Olmedo López, habrían sido piezas clave en el direccionamiento de contratos millonarios en La Guajira, mientras que fuentes locales mencionan al hijo del presidente, Nicolás Petro, como intermediario en las gestiones con contratistas cercanos a su entorno.

El escándalo, originado por la compra irregular de 40 carrotanques destinados a atender la emergencia por desabastecimiento de agua en comunidades guajiras, dejó al descubierto una red que utilizó los recursos públicos para favorecer campañas políticas y proyectos particulares.

En La Guajira, epicentro del caso, las investigaciones apuntan a que Olmedo López y Sneyder Pinilla aprovecharon las necesidades de las comunidades más vulnerables para manipular la entrega de ayudas y direccionar contratos con fines políticos. De acuerdo con declaraciones entregadas por el propio López y por fuentes en la región, Martha Peralta habría participado en la selección de contratistas y en la priorización de zonas beneficiarias.

Uno de los contratos más controvertidos es el de mantenimiento de 1.626 jagüeyes, con un valor de 74.984 millones de pesos. Testimonios señalan que los contratistas Francisco y Jorge Riscala, de la empresa IRL SAS, fueron recomendados a través de Peralta, quien habría facilitado su acercamiento a la UNGRD. También se investigan obras de pavimentación en el corregimiento de Monguí, infraestructura en Cotoprix y la ejecución de programas de ollas comunitarias, por un monto de 61.650 millones de pesos, recursos que en gran parte no llegaron a los beneficiarios.

El nombre de “Manchy” Mejía también cobra relevancia en la red. Padre de María Alejandra Mejía, exdirectora de la UNGRD en Uribia y expareja de Olmedo López, habría gestionado parte de los contratos a través de su entorno familiar. Su cuñada, Inés Mercedes Quintana Gómez, aparece vinculada a la operación de las ollas comunitarias en varios municipios del departamento mediante la Asociación de Madres Trabajadoras.

La magnitud del entramado supera las fronteras de La Guajira. El mismo modelo de contratación irregular se habría replicado en departamentos como Santander, Sucre, Bolívar, Córdoba, Arauca y Boyacá, comprometiendo a once congresistas y tres exministros. Entre los detenidos figuran el expresidente del Senado, Iván Name; el expresidente de la Cámara, Andrés Calle; y la exconsejera de Regiones, Sandra Ortiz. Otros exfuncionarios, como Carlos Ramón González y César Manrique, permanecen prófugos.

Mientras la justicia continúa desentrañando los hilos de este caso, las autoridades buscan determinar quiénes fueron los verdaderos artífices detrás de la desviación de recursos públicos que debían aliviar el hambre y la pobreza en el norte del país, pero que terminaron financiando una de las tramas de corrupción más escandalosas de los últimos años.