En una entrevista exclusiva para Diálogos con Alcides de lavibrante.com, el coordinador de la Mesa de Víctimas de Barranquilla, David García Romero, expuso la difícil situación que viven miles de personas afectadas por el conflicto armado en la capital del Atlántico, denunciando que aún persiste una invisibilización institucional frente a los hechos de violencia ocurridos en la región.

García explicó que la Mesa de Víctimas es un espacio de representación ciudadana elegido por votación popular, bajo la vigilancia de la Personería de Barranquilla, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía Distrital y la Procuraduría General, cuyo propósito es defender los derechos y garantías de quienes sufrieron los efectos del conflicto armado interno.

El líder aseguró que aunque muchos creen que Barranquilla y el Atlántico no fueron escenarios del conflicto, la realidad es otra. “Una de las formas más graves de ocultar la verdad ha sido negar que aquí también hubo víctimas. En el distrito hay registradas más de 77.000 personas víctimas, y en total existen cerca de 170.000 declarantes que acudieron a Barranquilla buscando seguridad para hacer sus denuncias”, afirmó.

Entre los casos más emblemáticos mencionó el de la Universidad del Atlántico, reconocida por la Unidad para las Víctimas como sujeto de reparación colectiva, junto al Partido Político Movimiento Ciudadanos. Sin embargo, García cuestionó que estos procesos no hayan tenido la visibilidad suficiente, lo que contribuye a la percepción de que en la ciudad no hubo afectaciones del conflicto.

Asimismo, recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incluyó dentro de sus investigaciones el caso 8, relacionado con el paramilitarismo y su vínculo con agentes estatales y civiles, lo cual también tuvo presencia en Barranquilla. “Hay pruebas y testimonios de víctimas directas y de personas asesinadas que ya fueron reconocidas judicialmente, como los casos de Alfredo Correa de Andreis, Iles Calante Pérez y Orozco, entre muchos otros”, puntualizó.

Sobre la respuesta del Gobierno Nacional, García fue enfático al señalar que ha habido abandono institucional y falta de continuidad administrativa. “Han cambiado cinco directores de la Unidad de Víctimas en menos de tres años. Eso demuestra la poca prioridad que se le da al tema. Los recursos existen, pero no llegan a quienes realmente los necesitan”, denunció.

El coordinador también reveló que, de acuerdo con los datos del Conpes 3712 de 2011 y el 4031 de 2021, se destinaron más de 190 billones de pesos a la atención y reparación de víctimas, además del 7% de las regalías anuales. Sin embargo, apenas el 0.3% de la población víctima ha recibido una reparación integral.

García advirtió que esta falta de acción estatal contribuye a la reproducción del ciclo de violencia. “La reparación integral evita que los jóvenes sean reclutados por grupos armados. Mientras no se atiendan las causas estructurales, la violencia no cesará”, subrayó.

Finalmente, se refirió a la alerta emitida por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, sobre la presencia de más de 2.000 adolescentes vinculados a estructuras criminales. “Es una situación preocupante. Las autoridades locales no han querido reconocer la existencia de actores armados en el Atlántico, aunque municipios como Soledad, Malambo y Barranquilla ya tienen evidencia de su presencia”, concluyó García.

El llamado de la Mesa de Víctimas es claro: reconocer la verdad, garantizar la reparación integral y asumir desde las instituciones la responsabilidad de proteger a las comunidades afectadas por el conflicto armado, incluso en territorios que durante años fueron considerados ajenos a la guerra.