La violencia contra las mujeres trans en Colombia ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad LGBTIQ+. En lo que va del año, se han registrado múltiples casos de transfeminicidios que evidencian la persistente discriminación y violencia hacia esta población.​ Uno de los casos más recientes es el de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, quien fue brutalmente asesinada en Bello, Antioquia. Sara sufrió fracturas en sus extremidades y fue arrojada a una quebrada, donde finalmente falleció por ahogamiento. Este acto de extrema violencia ha generado indignación a nivel nacional e internacional. El presidente Gustavo Petro calificó el crimen como un acto fascista y solicitó a la Policía Nacional máxima dedicación para esclarecer el caso.

La alcaldesa de Bello, Lorena González, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien brinde información que conduzca a la captura de los responsables. Además, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa adicional de 50 millones de pesos. La comunidad y colectivos de derechos humanos han organizado manifestaciones y plantones exigiendo justicia y acciones concretas para proteger a la población trans. Este no es un caso aislado de la realidad ya que en marzo de 2023, Luna Ramírez Soto, otra mujer trans, fue asesinada mientras dormía en una acera en el barrio Rosalpi de Bello. Luna, de 29 años, se ganaba la vida como recicladora y no tenía amenazas conocidas en su contra.  

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en lo corrido de 2025 se han registrado 25 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Colombia, de los cuales 15 eran personas trans. Estas cifras reflejan una preocupante tendencia de violencia sistemática hacia esta comunidad. Organizaciones como Caribe Afirmativo han instado a las autoridades a implementar acciones efectivas para proteger a la ciudadanía LGBTIQ+, especialmente a las personas trans. Se hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que aplique rigurosamente las directrices en la investigación y judicialización de crímenes de odio basados en la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. ​

La sociedad civil también juega un papel importante en la erradicación de la transfobia. La indiferencia y la falta de reconocimiento de la identidad de género de las víctimas contribuyen a la perpetuación de la violencia. Es imperativo que se promueva una cultura de respeto y aceptación hacia la diversidad, y que se tomen medidas concretas para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual.