Una serie de embargos judiciales por más de 2 billones de pesos a la Nueva EPS encendió las alarmas en el Gobierno nacional, luego de que estas medidas impidieran el pago de obligaciones clave para el suministro de medicamentos a miles de pacientes en el país. Así lo confirmó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante una reciente sesión del Consejo de Ministros, en la que advirtió sobre el impacto directo de estas decisiones en la prestación del servicio de salud.

De acuerdo con el jefe de la cartera, los recursos embargados estaban destinados a cumplir compromisos con prestadores y proveedores, entre ellos un pago previamente concertado con Colsubsidio por un valor cercano a los 60 mil millones de pesos. Dicho desembolso buscaba garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS, pero no pudo concretarse debido a una orden judicial que congeló los fondos antes de que se realizara la transferencia.

El ministro explicó que el acuerdo había sido alcanzado tras una reunión con directivos de Colsubsidio y representantes de la ADRES, y que los recursos ya se encontraban disponibles cuando se produjo el embargo. Según Jaramillo, esta situación refleja una práctica reiterada de acudir a acciones judiciales que, en la práctica, terminan bloqueando decisiones administrativas orientadas a garantizar pagos ordenados dentro del sistema.

Jaramillo rechazó los argumentos utilizados para justificar estas medidas, en los que se sostiene que los dineros embargados corresponden a utilidades o gastos administrativos. A su juicio, no existen tales utilidades y esos recursos hacen parte de la operación necesaria para que los medicamentos lleguen oportunamente a los pacientes, por lo que su retención afecta directamente derechos fundamentales como la vida y la salud.

El presidente de la República también se pronunció con dureza frente a lo ocurrido y señaló que este tipo de embargos contraviene la normatividad vigente, que prohíbe afectar recursos destinados a la atención en salud. Afirmó que detrás de estas decisiones habría demandas impulsadas por algunas IPS, con la anuencia de jueces que ordenan las medidas, lo que calificó como una doble irregularidad que debe ser investigada.

El mandatario mencionó de manera puntual a despachos judiciales en el departamento del Caquetá y solicitó que estas actuaciones sean remitidas de inmediato a instancias de control disciplinario. Según el Gobierno, mantener retenidos recursos del sistema no solo deteriora el flujo financiero de la Nueva EPS, sino que pone en riesgo la continuidad de tratamientos y el acceso a medicamentos esenciales para los usuarios.

Mientras se aclara la situación jurídica, el Ministerio de Salud advirtió que la imposibilidad de cumplir el acuerdo con Colsubsidio deja en suspenso la entrega de medicamentos a pacientes de la Nueva EPS, un escenario que agrava la ya compleja situación del sistema y refuerza el llamado del Ejecutivo a revisar el uso de los embargos judiciales en el sector salud.