En un comunicado divulgado el 3 de abril, el ELN reveló las identidades de los secuestrados: Betuel Barrera Sandoval, León Barrera Sandoval, Adoran Barrera Sandoval, Emilio Cristancho Tarache y Leander Antonio Salamanca Peroza. Según la guerrilla, estas personas estarían vinculadas a actividades logísticas relacionadas con otros actores armados y habrían participado en una reunión con los alias Medina y Pescado, presuntos miembros del grupo insurgente. Durante este encuentro, se les habrían dado instrucciones para llevar a cabo acciones de presión y cobros ilegales en el vecino departamento de Casanare. El grupo armado aseguró que los retenidos están siendo sometidos a “investigaciones internas” bajo la normativa de la organización criminal. Sin embargo, no especificaron detalles sobre los procedimientos ni el tiempo que tomarán dichas investigaciones. En su comunicado, el ELN afirmó que informará sobre los resultados y aclarará lo pertinente al caso una vez finalicen estos procesos.

La noticia ha generado gran preocupación entre las comunidades de Arauca y Casanare, dos regiones que históricamente han sufrido los embates del conflicto armado y la presencia de grupos ilegales. Además, la guerrilla lanzó una advertencia directa a las Fuerzas Armadas: cualquier intento por rescatar a los secuestrados mediante operaciones militares podría poner en riesgo su integridad física. En este sentido, los insurgentes señalaron que no asumirán responsabilidad por las posibles consecuencias derivadas de acciones militares en la zona.

Este episodio se suma a una preocupante tendencia en el país. Según cifras recientes proporcionadas por la Defensoría del Pueblo, en lo corrido del año 2025 al menos 51 personas han sido secuestradas en diferentes regiones de Colombia. De ese total, cinco han fallecido durante su cautiverio, 18 permanecen retenidas y 28 han sido liberadas. Estas estadísticas reflejan la persistencia del secuestro como un mecanismo utilizado por grupos armados para ejercer control territorial y financiar sus actividades ilegales, pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional por avanzar en negociaciones con diversos actores del conflicto.

Mientras tanto, crece la incertidumbre entre los familiares de las personas secuestradas, quienes claman por su pronta liberación. La situación actual evidencia no solo las vulnerabilidades que persisten en estas regiones rurales sino también la necesidad urgente de fortalecer las capacidades del Estado para proteger a sus ciudadanos frente a Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa ni las autoridades regionales han emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso específico.

Este incidente pone nuevamente sobre la mesa los retos que enfrenta Colombia para consolidar la paz en regiones como Arauca y Casanare. Estas zonas han sido históricamente golpeadas por el conflicto armado debido a su ubicación geográfica estratégica y riqueza natural. A pesar de los esfuerzos institucionales por recuperar el control territorial y garantizar la seguridad ciudadana, la presencia activa de grupos ilegales sigue siendo un obstáculo significativo para el desarrollo social y económico.

 Las fuerzas militares continúan monitoreando la situación y analizando posibles estrategias para garantizar la seguridad de la población y lograr la liberación de los retenidos. Sin embargo, el desafío es complejo debido a la influencia del ELN en varios corredores rurales estratégicos y la capacidad operativa que aún mantiene esta guerrilla.las acciones criminales de grupos armados como el ELN.