El Gobierno de Ecuador confirmó la aplicación de un arancel del 30 por ciento a las importaciones procedentes de Colombia, una medida que entrará en vigor a partir del primero de febrero y que, según el presidente Daniel Noboa, responde a la falta de cooperación del país vecino en el control de los grupos criminales que operan en la frontera común.

El anuncio fue realizado por el mandatario ecuatoriano a través de su cuenta en la red social X, mientras participa en el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos. Allí, Noboa aseguró que las Fuerzas Armadas de su país continúan enfrentando estructuras vinculadas al narcotráfico a lo largo de los más de 600 kilómetros de frontera con Colombia, sin que exista, según él, un respaldo efectivo del otro lado.

De acuerdo con el jefe de Estado, la decisión de imponer esta nueva tasa responde a lo que calificó como una falta de reciprocidad y de acciones contundentes por parte del Gobierno colombiano para contener la expansión de la criminalidad transnacional en la zona limítrofe. En ese contexto, explicó que el arancel tendrá carácter de “tasa de seguridad” y buscará presionar una mayor articulación bilateral frente a la problemática del narcotráfico.

La medida genera preocupación en sectores comerciales y productivos de ambos países, teniendo en cuenta el histórico intercambio económico entre Ecuador y Colombia, especialmente en productos agrícolas, manufacturas y bienes de consumo. Analistas advierten que el incremento del arancel podría impactar los costos de importación, los precios finales y el flujo comercial regional.

Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha emitido un pronunciamiento oficial frente al anuncio, mientras se espera que en los próximos días se activen canales diplomáticos para evaluar el alcance de la decisión y sus posibles repercusiones en las relaciones bilaterales.

La imposición del arancel se da en medio de un contexto regional marcado por el recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico y el fortalecimiento de economías ilegales en zonas fronterizas, un fenómeno que ha tensionado las agendas de seguridad y cooperación entre varios países de América Latina.