En el marco de operativos de control realizados en varios municipios de la Costa Caribe, la empresa Air-e, en conjunto con las autoridades, reportó la detección de múltiples irregularidades en el suministro de energía en los departamentos del Magdalena y La Guajira, confirmando la manipulación de medidores y conexiones ilegales que afectan la prestación del servicio y generan pérdidas millonarias.

En el municipio de Fundación, Magdalena, fueron identificadas siete irregularidades: cuatro de ellas relacionadas con medidores manipulados y tres por líneas directas que evadían el sistema de medición oficial. De igual manera, en una plastiquera ubicada en la Transversal 31 con carrera 10, en la urbanización Shaddai, se detectó un servicio directo sin medidor, lo que constituye una falta grave según la normativa vigente.

Por su parte, en Santa Marta, en la urbanización Los Laureles, se halló un medidor alterado en un establecimiento tipo billar, evidenciando una práctica que afecta la correcta facturación del consumo de energía y vulnera los recursos del sistema eléctrico.

En La Guajira, las autoridades identificaron tres casos adicionales de hurto de energía. En Maicao, en el barrio Los Olivos, se descubrieron líneas por fuera del sistema de medición, utilizadas para evadir el pago real del consumo. En el municipio de Manaure, un centro médico ubicado en el barrio Centro operaba con un servicio directo conectado a un medidor del sistema, mientras que en la vía que comunica Uribia con Manaure, se detectó una estación de servicio alimentada por un transformador ilegal.

Air-e y las autoridades competentes reiteraron el llamado a la comunidad para hacer uso legal del servicio eléctrico, denunciando cualquier tipo de conexión irregular que comprometa la calidad del suministro, afecte a los usuarios cumplidos y ponga en riesgo la infraestructura energética de la región.

Estos hallazgos hacen parte de una estrategia sostenida de monitoreo y control que busca frenar el hurto de energía y promover una cultura de legalidad en el uso de los recursos públicos esenciales como la electricidad.