Un fuerte debate se ha generado en torno al allanamiento realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a Naturgas, luego de que se denunciara la incautación del celular personal de Luz Stella Murgas, presidenta del gremio.
Los congresistas Julián Espinal (Centro Democrático) y Carolina Arbeláez (Cambio Radical) afirmaron que esta acción representa una extralimitación de funciones por parte de la entidad dirigida por Cielo Rusinque, al considerar que la intención sería acceder a conversaciones privadas con legisladores de la oposición.
¿Persecución política?
Según Espinal, la SIC habría extraído información de los chats entre Murgas y varios congresistas críticos del Gobierno, lo que catalogó como un acto preocupante.
“Durante el allanamiento, se tomó el celular personal de la doctora Luz Stella y se extrajo información de sus conversaciones con la representante Carolina Arbeláez y conmigo. Esto es una clara extralimitación de funciones y una violación a la privacidad”, denunció Espinal.
Por su parte, Arbeláez aseguró que la medida forma parte de una estrategia de persecución contra la oposición.
“Se ha puesto especial interés en las conversaciones con congresistas que no respaldan las políticas del Gobierno. Esto vulnera el derecho a la privacidad y representa una intromisión en la información personal de la presidenta de Naturgas”, manifestó.
Acciones ante organismos de control
Ante la gravedad de la denuncia, los congresistas anunciaron que acudirán a la Procuraduría, la Fiscalía y la Misión de Observación Electoral (MOE) para solicitar una investigación sobre los procedimientos adoptados en este allanamiento.
“No vamos a permitir que el presidente Gustavo Petro, a través de la superintendente Cielo Rusinque, utilice estas prácticas que se asemejan a regímenes autoritarios. Vamos a elevar esta denuncia a instancias nacionales e internacionales”, advirtió Espinal.
Hasta el momento, la Superintendencia de Industria y Comercio no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones. Entretanto, el caso continúa generando controversia en el ámbito político y empresarial.
