La discusión sobre el salario mínimo que regirá en Colombia a partir de 2026 llegó a un punto crítico luego de que la mesa de concertación entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores cerrara sin lograr un acuerdo. La amplia distancia entre las propuestas mantiene el escenario abierto y deja sobre la mesa la posibilidad de que el ajuste sea determinado finalmente por decreto presidencial.

Tras la más reciente jornada de negociación, quedó en evidencia una brecha cercana a nueve puntos porcentuales entre las posiciones de las partes. Mientras los sindicatos insisten en un incremento del 16 por ciento, argumentando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, los gremios empresariales defienden un aumento del 7,21 por ciento, cifra que, según ellos, se ajusta mejor al comportamiento de la economía y a la capacidad de pago del sector productivo.

Expertos en temas económicos han señalado que la propuesta sindical representa uno de los aumentos más altos planteados en los últimos años. Un ajuste de ese nivel llevaría el salario mínimo a un valor aproximado de 1.650.000 pesos, y el auxilio de transporte, si se incrementa en la misma proporción, rondaría los 232.000 pesos. En ese escenario, el ingreso mensual total superaría los 1.880.000 pesos.

Por su parte, la propuesta de los empleadores contempla un panorama distinto. Con un incremento del 7,21 por ciento, el salario mínimo quedaría cercano a 1.525.000 pesos y el auxilio de transporte alcanzaría alrededor de 214.000 pesos, para un ingreso total aproximado de 1.700.000 pesos mensuales. La diferencia entre ambas alternativas supera los 180.000 pesos, lo que explica la dificultad para lograr un acercamiento entre las partes.

De acuerdo con los análisis presentados, esta postura no solo es respaldada por los grandes gremios empresariales, sino también por personas naturales que generan empleo y toman sus decisiones con base en el crecimiento económico y la sostenibilidad de sus negocios.

Con el cierre sin acuerdo, se activó un plazo de 48 horas para que trabajadores y empleadores presenten ante el Ministerio del Trabajo sus observaciones y salvedades por escrito. A partir de estos documentos, el Gobierno deberá definir si convoca una nueva ronda de diálogo o si avanza directamente en la fijación del salario mínimo mediante decreto.

Ante la falta de consenso y la distancia entre las propuestas, analistas consideran que el Ejecutivo podría optar por un punto intermedio, con un aumento de dos dígitos cercano al 11 por ciento. De no lograrse un acuerdo en los próximos días, esta alternativa se perfila como una de las más probables para establecer el ajuste salarial que entrará en vigencia el primero de enero de 2026.

La decisión final se convierte así en un asunto clave de política económica y laboral, con impacto directo en millones de trabajadores y en la dinámica del empleo en el país, mientras se espera el pronunciamiento definitivo del Gobierno nacional.