La Defensoría del Pueblo hizo un llamado enfático al Gobierno Nacional y al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) tras los acuerdos alcanzados en Doha, resaltando que los compromisos pactados deben transformarse en acciones visibles y efectivas en los territorios que siguen enfrentando riesgos por la presencia de actores armados.

El organismo recordó que miles de comunidades esperan que este proceso sociojurídico —que avanza con acompañamiento internacional— se traduzca en garantías reales de paz, seguridad y respeto a los derechos humanos. Por ello destacó la creación del mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación, que vigilará puntos clave como la prohibición del reclutamiento de menores, las violencias físicas y sexuales, la protección ambiental, la atención a dinámicas migratorias y la defensa de la paz electoral.

La Defensoría insistió en que estos compromisos requieren vigilancia constante y acciones concertadas para que no se queden en el papel.

Uno de los temas que más preocupación genera es el anuncio de ubicar paulatinamente a integrantes del EGC en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Para el organismo, aún falta claridad sobre la operación, objetivos y cronogramas de estas zonas, elementos que considera fundamentales para evitar nuevos riesgos y garantizar que las comunidades no queden expuestas a posibles afectaciones.

El llamado incluye la adopción de medidas integrales de seguridad en los alrededores de las ZUT, la garantía de no estigmatización y el respeto al principio de distinción, especialmente mientras el grupo armado no haya entregado las armas. También subraya que las víctimas deben ser priorizadas con acciones tempranas, sólidas y con enfoque diferencial para mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+ y menores de edad.

El organismo resaltó la importancia de que las comunidades reciban información clara y pedagógica sobre el proceso, en especial en municipios donde se proyecta la instalación de las ZUT. Además, pidió una participación efectiva de las autoridades étnicas y territoriales, incluido el departamento del Chocó, que ha solicitado ser escuchado.

La Defensoría también exigió activar un mecanismo rápido y confiable para garantizar la entrega inmediata de todos los menores reclutados por el EGC, con protección estatal y acompañamiento integral. Solicitó igualmente información sobre niños, niñas y adolescentes desaparecidos o fallecidos en el marco del conflicto y la suspensión total de cualquier forma de instrumentalización de menores, dentro o fuera de sus hogares.

Finalmente, el organismo reiteró la necesidad de que el Gobierno Nacional y el Congreso establezcan un marco jurídico robusto que respalde de manera transparente y constitucional los procesos de paz en curso. La Defensoría reafirmó su compromiso de acompañar la implementación de los acuerdos con independencia, vigilancia y defensa permanente de los derechos humanos.