Un nuevo debate económico se abrió en el país luego de que expertos y analistas tributarios advirtieran sobre modificaciones en las tarifas de algunos impuestos adoptadas por el Gobierno nacional mediante decretos recientes. Las medidas han generado controversia porque, según críticos, podrían reinterpretar o reactivar tributos que previamente habían sido objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional.

El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco, señaló que el paquete de decretos expedidos por el Ejecutivo incluye ajustes en tasas y mecanismos tributarios que, en su opinión, podrían replicar medidas que habían sido suspendidas por el alto tribunal. Según explicó, algunos cambios consisten en modificar las tarifas de determinados gravámenes para mantener el cobro bajo otra estructura normativa.

De acuerdo con el análisis del exfuncionario, uno de los bloques del decreto retoma el impuesto nacional al consumo relacionado con ciertas actividades digitales y apuestas en línea, tema que anteriormente había sido discutido en el Congreso sin lograr consenso. El cambio consistiría en ajustar la tarifa para permitir la aplicación del tributo bajo una figura distinta dentro del sistema fiscal vigente.

El paquete de medidas también contempla disposiciones relacionadas con la normalización tributaria para activos no declarados o pasivos inexistentes dentro y fuera del país, así como alivios temporales para contribuyentes que mantienen deudas con la DIAN. Estas últimas medidas incluirían reducciones en sanciones e intereses para facilitar acuerdos de pago y mejorar el recaudo fiscal.

Otro de los puntos que ha generado discusión tiene que ver con ajustes en el alcance del impuesto al patrimonio. Según el análisis presentado, el decreto incluiría nuevas disposiciones para ampliar el universo de contribuyentes obligados a declarar este gravamen, incorporando sucursales y establecimientos permanentes que inicialmente no estaban contemplados dentro de la normativa.

Las críticas también se centran en el hecho de que varias de estas decisiones fueron adoptadas mediante decretos relacionados con la emergencia económica que el Gobierno había declarado anteriormente. Esta figura permitió al Ejecutivo emitir normas tributarias con el objetivo de enfrentar el déficit fiscal y cubrir necesidades presupuestales del Estado.

Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente la declaratoria de emergencia económica que respaldaba esas medidas, lo que dejó sin efectos inmediatos varios de los impuestos que el Gobierno pretendía implementar para cubrir un faltante cercano a los 16 billones de pesos en el presupuesto nacional.

Ante ese escenario jurídico, el debate ahora gira en torno a si los nuevos decretos realmente constituyen impuestos distintos o si, como sostienen algunos analistas, representan una forma de reactivar gravámenes previamente cuestionados mediante modificaciones en sus tarifas o en su estructura técnica.

Junco advirtió que esta situación podría generar incertidumbre jurídica para empresas y contribuyentes, ya que los cambios podrían ser nuevamente revisados por la Corte Constitucional. Según explicó, quienes paguen estos tributos bajo el nuevo esquema podrían enfrentar dudas legales hasta que el alto tribunal determine si las medidas se ajustan a la Constitución.

Mientras tanto, el Gobierno ha defendido la necesidad de adoptar medidas fiscales que permitan garantizar recursos para el funcionamiento del Estado y la atención de programas sociales, en medio de las presiones presupuestales que enfrenta el país.

El debate sobre la legalidad y el alcance de estos cambios tributarios continuará en el ámbito jurídico y político, mientras expertos y sectores económicos analizan el impacto que podrían tener estas medidas en el sistema fiscal y en la seguridad jurídica del país durante el año gravable 2026.