David Murcia Guzmán, condenado por el caso de la pirámide DMG, presentó ante la Fiscalía una nueva versión sobre los señalamientos que había hecho en febrero contra el entonces candidato presidencial y hoy presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella.

Murcia envió el pasado 23 de septiembre un documento a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal, en el que se retractó de varias de las afirmaciones que había entregado durante una entrevista realizada el 12 de febrero de 2026. El documento fue firmado por Murcia y conocido por medios de comunicación.

Murcia cambia su versión

En la nueva comunicación, Murcia reconoció que durante aquella entrevista hizo señalamientos directos contra De La Espriella relacionados con el manejo de honorarios profesionales y con un supuesto ofrecimiento de dinero para influir en congresistas durante el trámite de una iniciativa legislativa.

Ahora sostiene que esas afirmaciones no correspondían a hechos reales.

Según explicó en el documento, antes de conceder la entrevista tenía expectativas relacionadas con una eventual vinculación a la figura de gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad. Murcia afirmó que esas expectativas habrían sido planteadas desde sectores cercanos al anterior Gobierno nacional y que influyeron en su disposición para entregar aquellas declaraciones.

Niega que De La Espriella le hubiera pedido dinero

Uno de los puntos centrales de la retractación tiene que ver con los honorarios que Murcia pagó a De La Espriella cuando este ejerció como su abogado.

En su nueva versión, Murcia afirma que esos pagos correspondieron a los servicios jurídicos que recibió durante su defensa y que no existió una apropiación indebida de dinero por parte del abogado.

También negó que De La Espriella le hubiera solicitado, insinuado o propuesto entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos para intervenir en algún trámite legislativo.

De igual manera, Murcia se retractó de la afirmación relacionada con la supuesta retención de alrededor de 5.000 millones de pesos por parte de De La Espriella. En el documento presentado ante la Fiscalía aseguró que no le consta que ese dinero hubiera sido retenido por quien fue su abogado.

También modifica otras acusaciones

La nueva declaración no se limita al tema económico. Murcia también negó afirmaciones que había hecho sobre supuestos beneficios otorgados a la familia de De La Espriella durante gobiernos anteriores.

En particular, aseguró que no es cierto que el padre del actual presidente hubiera recibido una notaría como parte de algún acuerdo relacionado con su defensa.

También negó haber sido perjudicado durante sus procesos judiciales por supuestas actuaciones de De La Espriella frente a otros abogados que participaron en su defensa en Colombia y Estados Unidos.

El antecedente de la denuncia

Las nuevas declaraciones se conocen varios meses después de que Murcia formulara públicamente sus acusaciones contra quien había sido su abogado.

En febrero de 2026, Murcia había presentado además una queja disciplinaria contra De La Espriella relacionada con su actuación profesional y con el pago de honorarios. Ese proceso fue posteriormente cerrado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debido a la prescripción de las posibles acciones, según informó Semana en junio.

De La Espriella había negado los señalamientos y sostenido que cumplió con el contrato de defensa que había asumido con DMG.

Murcia permanece privado de la libertad

David Murcia Guzmán, fundador de DMG, fue condenado a 30 años de prisión por delitos relacionados con captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En 2010 fue extraditado a Estados Unidos y posteriormente regresó a Colombia.

Actualmente permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, después de haber sido trasladado desde La Picota en Bogotá en agosto de 2026.

La retractación presentada ante la Fiscalía introduce ahora una nueva versión sobre las acusaciones que Murcia había formulado meses atrás. Será la autoridad judicial competente la encargada de establecer las consecuencias que pueda tener este cambio de declaración dentro del proceso correspondiente.