La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner confirmó que se presentará el próximo 18 de junio ante los tribunales federales de Comodoro Py para someterse a la justicia y comenzar a cumplir su condena de seis años de prisión, tras la ratificación del fallo por parte de la Corte Suprema que también le impone inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial en la red social X, la exmandataria sostuvo que esta decisión responde a su voluntad de “estar a derecho, como siempre lo he hecho”, e informó que ha solicitado el beneficio de prisión domiciliaria por razones de seguridad personal, una medida que podrá ser concedida o negada por los jueces debido a que supera los 70 años de edad.

Fernández explicó que, al haber sido presidenta de la Nación, tiene derecho a custodia permanente y no puede renunciar a ella, por lo que permanecer en prisión común podría representar un riesgo para su integridad. Además, recordó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2023, cuando un grupo intentó asesinarla frente a su domicilio. Mientras los autores materiales están siendo juzgados, Fernández denunció que aún no se ha avanzado en identificar a los autores intelectuales ni a quienes financiaron el ataque, y criticó lo que llamó el “Partido Judicial”.

En respuesta a la decisión judicial, miles de ciudadanos y militantes afines a la ex mandataria se movilizaron en distintos puntos de Buenos Aires y realizaron un acampe frente a la sede de la Corte Suprema, en señal de rechazo al fallo. Participaron organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas, que consideran que el proceso judicial ha estado cargado de motivaciones políticas.

La Corte Suprema de Justicia ratificó esta semana la sentencia dictada contra Cristina Fernández por hechos de corrupción relacionados con la adjudicación irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos presidenciales y el de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner. La investigación determinó que hubo maniobras fraudulentas en contratos millonarios entregados al empresario Lázaro Báez, cercano al kirchnerismo.

Este fallo deja fuera de carrera política a Fernández en las elecciones provinciales previstas para septiembre, y también en las legislativas nacionales programadas para octubre, marcando un antes y un después en el panorama político argentino.

La ex mandataria, figura central del peronismo y del movimiento kirchnerista, ha sostenido durante años que es víctima de una persecución judicial impulsada por sectores del poder económico y político que buscan neutralizar su liderazgo. Con su decisión de entregarse a la Justicia, busca posicionarse como una figura que enfrenta la adversidad con dignidad, mientras el país se divide entre quienes consideran su condena un acto de justicia y quienes la ven como una represalia política.