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Crisis en el sector salud se agrava con millonaria deuda de gestores farmacéuticos a laboratorios

La Superintendencia Nacional de Salud encendió las alarmas al revelar que los gestores farmacéuticos adeudan más de 6.4 billones de pesos a los laboratorios, cifra que supera en siete veces el monto que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben a estos gestores, cuya deuda asciende a 852.000 millones de pesos.

El informe de la Supersalud detalla que el 40,9% de la deuda de las EPS con los gestores lleva más de un año sin saldarse, lo que representa alrededor de 349 mil millones de pesos. Esta situación refleja un grave desequilibrio financiero en la cadena de suministro de medicamentos, afectando directamente la disponibilidad de tratamientos para los usuarios del sistema de salud.

Las cifras también muestran que tres gestores farmacéuticos concentran el 73% de la deuda con los laboratorios: Audifarma, Cruz Verde y la Foscal. Por su parte, entre las EPS con mayores deudas hacia los gestores se encuentran Famisanar, Sanitas, Mutual Ser, SOS, Asmet Salud y Emssanar, que representan el 81,7% del total, sin contar a la Nueva EPS.

A la crítica situación financiera se suma la creciente insatisfacción de los usuarios. Entre enero y abril de este año se han registrado 186.221 quejas por problemas relacionados con la entrega de medicamentos. Las EPS con mayor número de reclamos son Nueva EPS, Sanitas, Salud Total, EPS Sura y Coosalud, todas con una alta población afiliada.

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, hizo un llamado urgente a todos los actores del sistema a buscar soluciones conjuntas y estructurales. “Se debe avanzar en la búsqueda de alternativas, no solo por parte de las EPS con medida de intervención, también aquellas que no la tienen. La no entrega o entrega incompleta de las tecnologías en salud a los usuarios es un problema que se ha identificado en todas las EPS. Algunas con mayor o menor participación, pero las cobija a todas”, afirmó Rubiano.

El panorama evidencia un riesgo sistémico para el acceso efectivo a los medicamentos en Colombia, y plantea la necesidad urgente de una reforma estructural que garantice la sostenibilidad financiera del sistema y la atención oportuna para millones de ciudadanos.