En una decisión que vuelve a poner en el centro del debate público la corrupción política en Colombia, la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Antonio Guerra de la Espriella a 11 años y cinco meses de prisión, por su participación en el entramado ilegal que favoreció a la constructora brasileña Odebrecht en la obtención de un contrato de estabilidad jurídica en el país.

El fallo, emitido por la Sala de Casación Penal, confirmó que Guerra incurrió en tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, delitos cometidos mientras ostentaba su cargo como congresista por el partido Cambio Radical. Aunque fue absuelto del delito de concierto para delinquir, la Corte consideró que existen pruebas suficientes que demuestran su intervención directa en las gestiones realizadas para beneficiar a la cuestionada multinacional.

“Aprovechó su investidura para intervenir de manera indebida a favor de Odebrecht, recibiendo dinero a cambio, lo cual se refleja en el incremento injustificado de su patrimonio”, detalla el alto tribunal en la sentencia.

La trama detrás del contrato

El contrato de estabilidad jurídica, otorgado a la constructora brasileña, brindaba garantías tributarias a largo plazo para sus operaciones en el país. Odebrecht, interesada en asegurar condiciones favorables para sus proyectos, dispuso recursos económicos para sobornar a funcionarios públicos que facilitaran el proceso.

De acuerdo con las investigaciones, el exsenador Bernardo Elías habría cumplido el papel de articulador político entre Odebrecht y diversos congresistas, entre ellos Antonio Guerra, con el objetivo de influir sobre entidades clave del Ejecutivo. La gestión irregular incluyó pagos en efectivo canalizados a través del también implicado Otto Bula, quien fungió como enlace con los legisladores.

Un escándalo de largo alcance

El caso de Guerra de la Espriella se suma a una larga lista de implicados en el escándalo de corrupción de Odebrecht, una red que operó en al menos 12 países de América Latina y África, ofreciendo sobornos a cambio de contratos públicos.

Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado en 2016, Odebrecht habría pagado más de 11 millones de dólares en sobornos en Colombia. No obstante, cifras más recientes de la Fiscalía General de la Nación estiman que el monto asciende a 84.000 millones de pesos colombianos, unos 19,1 millones de dólares.

Impacto y precedentes

La condena contra Guerra, inicialmente de 13 años y 8 meses en 2022, fue revisada tras una apelación presentada por su defensa. Aunque se redujo la pena, el fallo ratifica su responsabilidad y se convierte en otro precedente judicial clave en la lucha contra la corrupción política en el país.

El caso también reaviva el debate sobre la necesidad de reformas estructurales al financiamiento de campañas, la rendición de cuentas de los congresistas y el control ciudadano sobre la contratación pública.

En lo que va de la última década, más de una docena de políticos colombianos, incluidos exministros y congresistas, han sido señalados o procesados por su participación en los negocios ilegales de Odebrecht.