La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió archivar la indagación preliminar contra 20 senadores electos por la coalición Pacto Histórico para el periodo 2022-2026, quienes habían sido señalados por presuntas irregularidades en la contratación de transporte aéreo durante la campaña.

Entre los legisladores mencionados estaban Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Alexander López, Aída Avella, Roy Barreras, Martha Peralta, Iván Cepeda, Pedro Flórez, Isabel Zuleta, Alex Flórez, Clara López, Robert Daza, Yuly Hernández, Wilson Arias, Gloria Flórez, César Pachón, Sandra Jaimes, Paulino Riascos y Jahel Quiroga.

La investigación surgió tras denuncias sobre un posible uso de aviones de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. con fines electorales. La empresa había quedado bajo sospecha luego de que una aeronave de su propiedad fuera incautada en Providencia con más de 400 kilogramos de cocaína.

Después de requerir documentación a la Fiscalía y analizar los contratos, la Corte concluyó que la participación de la empresa en la campaña consistió en la prestación de un servicio de transporte aéreo mediante un contrato legal y no en aportes en efectivo ni en ingresos de origen delictivo. “La modalidad de participación de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. no resulta compatible con una hipótesis de ingreso de recursos ilícitos”, señala la providencia de 236 páginas.

Sin embargo, el alto tribunal dejó abiertas inquietudes sobre el manejo contable de los gastos de transporte en la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro, quien en ese momento participaba en la consulta interna del Pacto Histórico. La Corte advirtió que varios de los soportes de facturación del transporte aéreo correspondían en realidad a la campaña de Petro y no a la de los senadores, aunque se registraron en los informes del Congreso presentados ante el Consejo Nacional Electoral.

“Se cuentan con hallazgos probatorios consistentes que apuntan a que los servicios incluidos en esa facturación corresponden a parte de un servicio global suministrado a la campaña de Gustavo Petro Urrego”, indica el auto.

La Corte Suprema precisó que no tiene competencia para investigar al presidente de la República, por lo que podría remitir copias de los hallazgos a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes para que determine si hay méritos para abrir un proceso.

Con esta decisión, se despejan las acusaciones sobre los senadores del Pacto Histórico, pero se abre un nuevo foco de atención sobre la transparencia en los gastos de transporte aéreo de la campaña presidencial de Petro en 2022.