La Corte Constitucional tomó este martes 25 de agosto una decisión que vuelve a poner la reforma pensional en el centro de la discusión nacional. Después de meses de estudio, el alto tribunal declaró constitucional la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, aunque ordenó devolver algunos apartes a la Cámara de Representantes para corregir problemas relacionados con su trámite.

La decisión resuelve una de las principales incertidumbres que durante más de dos años han rodeado el futuro del nuevo sistema de pensiones. De los 95 artículos que conforman la reforma, la Corte devolvió a la Cámara 10 apartes entre artículos, incisos, numerales y parágrafos para que sean revisados y nuevamente debatidos.

El debate en la Corte estuvo relacionado principalmente con la forma en que fue aprobada la ley en el Congreso. La discusión no se concentró en determinar si el nuevo sistema pensional era conveniente o no, sino en establecer si el procedimiento legislativo cumplió con las exigencias constitucionales.

La Sala Plena terminó respaldando la posición según la cual la Cámara de Representantes logró corregir buena parte de las fallas que habían sido señaladas anteriormente por la propia Corte. Por esa razón, la mayoría de la reforma recupera su viabilidad jurídica, aunque los apartes que fueron devueltos todavía tendrán que pasar nuevamente por el Congreso.

La votación fue de siete magistrados a favor frente a uno, con la participación del conjuez Carlos Pablo Márquez. La ponencia que estaba sobre la mesa fue presentada por la magistrada Paola Meneses, quien había planteado que algunos puntos debían regresar a la Cámara debido a problemas que no habían quedado completamente solucionados.

Uno de los puntos importantes ahora es definir cuándo comenzará a aplicarse de manera efectiva el nuevo sistema. La fecha prevista originalmente para la entrada en vigencia era el 1 de julio de 2025, pero ese plazo ya pasó mientras la reforma permanecía suspendida. Por eso, la Corte deberá precisar en su decisión definitiva desde cuándo comenzarán a producir efectos las nuevas reglas.

La reforma establece un cambio profundo en la estructura del sistema pensional colombiano y plantea un modelo organizado en pilares. Su aplicación ha generado durante meses una fuerte discusión entre el Gobierno, los fondos privados, organizaciones de trabajadores, expertos y sectores políticos.

Para millones de colombianos, la decisión de este martes representa un paso clave porque despeja buena parte de la incertidumbre jurídica que había acompañado la reforma desde su aprobación en el Congreso en junio de 2024.

Sin embargo, todavía no puede hablarse de una aplicación inmediata de todo el articulado. Los apartes enviados nuevamente a la Cámara tendrán que ser revisados y corregidos por los representantes. La Corte, además, deberá formalizar los detalles de su decisión y establecer las condiciones para la entrada en vigencia de las disposiciones que quedaron respaldadas.

El Gobierno de Gustavo Petro había defendido la reforma como una de sus principales apuestas sociales y laborales, mientras sus críticos habían cuestionado tanto su contenido como el procedimiento utilizado para aprobarla.

Ahora el Congreso vuelve a tener una tarea pendiente. La Cámara de Representantes deberá revisar los puntos que le fueron devueltos por la Corte y cumplir con el trámite correspondiente para que la reforma pueda avanzar hacia su aplicación definitiva.

La decisión marca así un punto de inflexión para el sistema pensional colombiano. La mayor parte de la reforma sobrevivió al examen constitucional, pero todavía quedan pasos jurídicos y legislativos antes de que el nuevo modelo pueda comenzar a operar plenamente.