La Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la Nación han enviado una carta al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, exigiendo información detallada sobre la situación del sector energético y el manejo de los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3.
El documento, firmado por el procurador Gregorio Eljach y el contralor en funciones Luis Enrique Abadía, expone serias preocupaciones sobre la estabilidad financiera del sector, en especial ante la creciente deuda del Gobierno con las empresas distribuidoras de energía.
Deuda millonaria y riesgo de apagón
Según datos de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la deuda acumulada por subsidios energéticos asciende a $2.8 billones con corte a enero de 2025 y sigue aumentando en $300.000 millones mensuales, lo que pone en riesgo la capacidad de las empresas para operar y garantizar el servicio.
Los organismos de control han solicitado al ministro de Minas un informe detallado en formato Excel, donde se relacione:
Pagos realizados hasta el 29 de enero de 2025.
Beneficiarios de los subsidios.
Comprobantes de pago y valores adeudados.
Resoluciones emitidas y fechas de expedición.
Además, la carta enfatiza en la falta de claridad respecto al avance de proyectos eólicos en La Guajira, fundamentales para garantizar la estabilidad del sistema energético y reducir la dependencia de fuentes tradicionales.
Retrasos en proyectos eólicos
La Procuraduría y la Contraloría también pidieron un informe sobre el estado actual de los proyectos de energía renovable en La Guajira, incluyendo:
Nombre del proyecto y estado actual (en construcción, en operación o suspendido).
Empresa responsable y porcentaje de ejecución.
Fecha estimada de inicio de generación de energía.
Estos retrasos han generado incertidumbre en el abastecimiento eléctrico del país, lo que ha llevado a los gobernadores del Caribe a expresar su preocupación en una carta enviada al ministro de Minas y al ministro de Hacienda. Advirtieron que la crisis financiera de empresas como Air-e y Afinia podría afectar la continuidad del servicio en la región.
Crisis financiera en el sector energético
Las dificultades económicas que enfrentan las empresas distribuidoras no solo derivan de la deuda en subsidios, sino también del incumplimiento en los pagos de entidades oficiales como hospitales, colegios y otras instituciones públicas. Según estimaciones, este déficit ya supera los $7 billones, agravando aún más la crisis.
Ante esta situación, los entes de control han solicitado medidas urgentes para garantizar el suministro de energía y evitar un colapso en el sector. Se espera que el ministro de Minas responda a estas inquietudes en los próximos días.
El futuro energético del país está en juego y las respuestas del Gobierno serán clave para evitar una crisis mayor.
