Un nuevo capítulo se suma a las investigaciones por mal uso de recursos públicos. La Contraloría General de la República confirmó que Juliana Guerrero, entonces secretaria ejecutiva del despacho del Ministro del Interior, utilizó aeronaves de la Policía Nacional para desplazamientos personales, generando un gasto estimado de 213 millones de pesos en solo cinco vuelos.

De acuerdo con el organismo de control, los viajes se realizaron en junio de 2025 para asistir a sesiones del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar en Valledupar, donde Guerrero actuaba como miembro. Sin embargo, la Contraloría concluyó que estos desplazamientos no guardaban relación con las funciones misionales del Ministerio del Interior, lo que configura un uso irregular de los recursos del convenio interadministrativo.

En el oficio enviado al Ministerio, el ente de control emitió un hallazgo con connotación fiscal y pidió la presentación de un Plan de Mejoramiento en un plazo máximo de 15 días hábiles. La entidad enfatiza que la utilización de las aeronaves representó una gestión “antieconómica, ineficaz e ineficiente”, al no estar vinculada a labores institucionales.

“El análisis determinó que los vuelos fueron autorizados y ejecutados con el único propósito de permitir la participación de la funcionaria en sesiones universitarias, lo cual constituye una desviación de la finalidad pública del recurso”, señala el informe.

La Contraloría también solicitó al Ministerio del Interior evaluar si corresponde abrir una investigación disciplinaria, ya que el Convenio 400-2025, firmado entre el Ministerio, la Policía Nacional y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, establece de manera estricta que el uso de estas aeronaves debe limitarse a actividades misionales.

Este caso se suma a los cuestionamientos sobre el uso de bienes oficiales para fines personales, un tema que vuelve a encender el debate sobre la transparencia y el control en el manejo de los recursos del Estado.