La Contraloría General de la República encendió las alarmas frente al nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia y contradijo de manera directa la versión entregada por la Cancillería, al advertir retrasos en el cronograma, posibles sobrecostos y riesgos fiscales que podrían afectar la continuidad del servicio y el presupuesto nacional.

De acuerdo con información conocida de manera preliminar, el ente de control aseguró que el proceso no avanza con la solidez técnica ni administrativa requerida para garantizar que el nuevo esquema entre en operación en la fecha prevista, fijada para el próximo primero de abril. La Contraloría señaló que persisten vacíos en aspectos clave del proyecto, lo que genera incertidumbre sobre su viabilidad en los tiempos anunciados por el Gobierno.

El contralor delegado, Luis Enrique Abadía, explicó que las revisiones adelantadas evidencian debilidades estructurales en la implementación del modelo. Entre las principales preocupaciones mencionó la ausencia de avances concretos en la importación de las máquinas necesarias para la producción de pasaportes en el país, un componente esencial para el funcionamiento del nuevo sistema.

Según Abadía, hasta el pasado 16 de enero no existía información clara sobre la contratación del operador ni del importador encargado de suministrar los equipos, lo que pone en riesgo el cumplimiento del cronograma inicialmente trazado. Esta situación, advirtió, podría derivar en retrasos significativos y afectar directamente a los ciudadanos que requieren el documento para viajar.

El funcionario subrayó que, además de los retrasos, el modelo presenta riesgos asociados a costos que no han sido suficientemente justificados, lo que podría impactar negativamente las finanzas públicas. En ese sentido, la Contraloría alertó sobre la necesidad de revisar con mayor rigor los aspectos fiscales del proyecto para evitar sobrecostos y eventuales afectaciones al erario.

Desde el organismo de control se insistió en que es fundamental que las entidades responsables adopten medidas inmediatas para corregir las falencias detectadas y asegurar que cada una de las etapas del proceso se cumpla de manera oportuna y transparente. De no hacerlo, el país podría enfrentar dificultades en la prestación del servicio de expedición de pasaportes a partir del segundo trimestre del año.

La advertencia de la Contraloría marca un nuevo capítulo en la controversia alrededor del cambio en el modelo de pasaportes y pone en entredicho la versión oficial de la Cancillería, que ha sostenido que el proceso avanza sin contratiempos. Mientras tanto, el ente de control reiteró su llamado a garantizar planeación, claridad contractual y responsabilidad fiscal para evitar un impacto negativo en los ciudadanos y en las finanzas del Estado.