La Universidad del Atlántico vivió una jornada determinante para el futuro de su funcionamiento académico y administrativo. En una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, que se extendió por nueve horas, los distintos estamentos —entre ellos estudiantes, docentes, egresados y delegados institucionales— participaron en un espacio de diálogo convocado por el gobernador del Atlántico y presidente del órgano colegiado, Eduardo Verano de la Rosa.

Durante el encuentro, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, presentó una hoja de ruta compuesta por cuatro acciones inmediatas que fueron aprobadas por el Consejo Superior con el objetivo de avanzar en la recuperación de la normalidad en la institución:

1. Identificar y denunciar violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante las recientes movilizaciones, remitiendo los casos a las autoridades competentes.

2. Convocar un nuevo Consejo Superior para solicitar un informe detallado sobre el proceso de elección del rector.

3. Exigir un reporte al rector Leyton Barrios sobre la situación actual de la universidad y citar al Consejo Académico para definir medidas que permitan regularizar las actividades académicas.

4. Realizar una sesión del Superior dentro del campus universitario, en el marco de las asambleas multiestamentarias, para escuchar directamente a toda la comunidad universitaria.

A la sesión asistieron 8 de los 9 consejeros, además del gobernador Verano; el viceministro Moreno; la delegada presidencial, Melissa Obregón; Angely Cordero, representante estudiantil; Abraham Scholl por los egresados; Manuel Fernández por el sector productivo; representantes del profesorado y de las directivas académicas; el rector Leyton Barrios y la secretaria general, Josefa Casianni.

La jornada también contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación, como Juan Carlos Bolívar, director de Calidad; Harold Hernández, subdirector de Inspección y Vigilancia; y representantes de la Gobernación del Atlántico.

“Escuchamos a cada una de las voces que quisieron intervenir y tomamos decisiones encaminadas a proteger la institución y a recuperar su funcionamiento”, afirmó el gobernador Verano al cierre de la reunión.

Paralelamente, el Ministerio de Educación confirmó que adelanta una revisión jurídica completa del proceso que llevó a la designación del rector Leyton Barrios. Según la cartera, el Comité de Credenciales debía verificar a profundidad la documentación de los 17 aspirantes habilitados.

El diálogo también evidenció diferencias y preocupaciones dentro de la comunidad universitaria. José Marcheba, delegado del Consejo Académico, solicitó revisar la permanencia del rector. Por su parte, Abraham Scholl defendió la legitimidad del proceso electoral, argumentando que el Comité de Credenciales avaló a todos los aspirantes.

La delegada presidencial, Melissa Obregón, destacó el valor democrático del espacio: “Existen posiciones distintas, y eso es natural; lo importante es mantener los canales de diálogo abiertos”.

Durante las intervenciones, la representante estudiantil Sherik Barros denunció agresiones durante las protestas, mientras que otros voceros reclamaron garantías de participación y denunciaron amenazas a miembros de la comunidad.

El viceministro Moreno insistió en el compromiso del Gobierno Nacional de investigar todas las denuncias: “No podemos permitir que la violencia vuelva a ser parte de la historia de esta universidad. Rechazamos cualquier acto que atente contra la vida y el derecho a la educación”.

La sesión culminó con el compromiso de seguir avanzando en espacios de concertación que permitan reconstruir la confianza y garantizar la estabilidad institucional de la Uniatlántico.