El Consejo de Estado decidió suspender de manera provisional la directriz 11 de la Presidencia de la República, que buscaba asignar el 33 % de la pauta oficial a medios alternativos y comunitarios. La medida se adoptó tras acoger una solicitud de medida cautelar dentro de una demanda que cuestiona la legalidad de esta disposición.

La corporación judicial argumentó que la directriz podría vulnerar principios esenciales de la contratación pública, como la selección objetiva, la igualdad, la libre competencia y las normas anticorrupción. Según el fallo, imponer que una parte del presupuesto de publicidad estatal se destine a un grupo específico de contratistas limita la posibilidad de escoger propuestas realmente favorables para el interés general, lo que contradice los lineamientos de la contratación pública.

“El despacho encuentra que, en efecto, la directriz consistente en que se procure la contratación de una parte del presupuesto de las autoridades del orden nacional para determinados fines y con determinados sujetos viola el deber de selección objetiva, así como los principios de igualdad, libre competencia y la ley anticorrupción respecto del presupuesto que se destina a la publicidad de entidades del orden nacional y territorial”, señala la decisión del Consejo de Estado.

La suspensión ocurre en medio de un debate creciente sobre el uso de la pauta estatal. La Fundación para el Estado de Derecho advirtió que la iniciativa presidencial, más allá de promover a los medios comunitarios, estaba siendo cuestionada por destinar recursos públicos a encuentros con influenciadores y campañas de promoción digital, en lugar de consolidar un apoyo estructural a los medios regionales y comunitarios.

“Imponían la contratación con un grupo específico de contratistas, lo cual restringía la posibilidad de elegir una propuesta realmente favorable para el interés general, que es lo que busca la contratación pública y con recursos públicos”, explicó Andrés Caro, director de la Fundación.

Los demandantes reconocen la importancia de fortalecer a medios alternativos, influenciadores, emisoras locales y canales regionales, pero sostienen que este objetivo debe cumplirse dentro de los marcos legales de contratación, sin generar privilegios indebidos ni distorsiones en el acceso a los recursos públicos.

Con esta decisión, el Consejo de Estado deja en suspenso la aplicación de la directriz hasta que se resuelva de fondo la demanda, lo que abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la distribución de la pauta oficial en Colombia y el papel de los medios comunitarios e influenciadores en la estrategia de comunicación del Estado.