La plenaria del Senado de la República aprobó en último debate un proyecto de ley que endurece las sanciones para quienes excedan los niveles de ruido permitidos por la norma. Estas disposiciones se aplicarán de acuerdo con el contexto, la ciudad o la comunidad afectada.

El representante Daniel Carvalho, autor de la iniciativa, señaló que esta ley unifica las normas vigentes relacionadas con el ruido y otorga más herramientas a las autoridades para imponer sanciones. Las multas podrían ascender hasta los 20 millones de pesos para quienes vulneren la tranquilidad ciudadana.

“Esta legislación amplía las facultades de la Policía para imponer sanciones y también obliga a las alcaldías a abordar el problema del ruido en sus territorios. Cada entidad territorial deberá determinar qué se considera ruido y actuar en consecuencia”, explicó Carvalho.

Además, enfatizó que esta medida busca poner fin a prácticas individuales que afectan la convivencia: “No hay problema si una comunidad decide organizar una fiesta. El problema surge cuando un vecino saca un parlante a todo volumen, alterando la calma de un barrio. Es diferente una celebración comunitaria concertada a actos individuales que perturban la tranquilidad”.

¿Cómo afectará a eventos masivos?

Aunque el proyecto apunta principalmente a regular ruidos que afectan a comunidades en su cotidianidad, algunos congresistas han expresado preocupación por posibles efectos en eventos culturales y sociales.

El senador Juan Felipe Lemos advirtió que la ley podría generar obstáculos para la realización de conciertos, festivales, verbenas y otras celebraciones populares. “Estamos creando trámites adicionales que podrían dificultar la organización de estos eventos. Además, dejamos la decisión en manos de funcionarios locales, lo que puede introducir un alto grado de subjetividad”, sostuvo.

Próximos pasos

El proyecto de ley ahora pasará a la etapa de conciliación entre Senado y Cámara. Una vez aprobado este paso, será remitido al presidente Gustavo Petro para su sanción y entrada en vigor.

Con esta nueva normativa, el país busca equilibrar la promoción de eventos culturales y la protección de la tranquilidad ciudadana. Sin embargo, el debate sobre su impacto en festividades y actividades culturales sigue abierto.