En una decisión que ha generado indignación en la región Caribe, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes archivó el proyecto de ley 2020 de 2024, conocido como “justicia tarifaria”, el cual buscaba reducir los altos costos del servicio de energía eléctrica que pagan millones de familias, especialmente en la costa atlántica.

La iniciativa, impulsada por el senador Antonio Correa, proponía revisar y modificar la fórmula tarifaria para garantizar cobros más equitativos, eliminar cargos injustificados, proteger a los usuarios de los estratos 1 y 2 y avanzar hacia una transición energética que promueva las fuentes limpias. No obstante, el proyecto fue descartado sin mayor debate, decisión que ha sido señalada por diversos sectores como una traición legislativa a los intereses de las comunidades.

“Lo que hemos visto es un Congreso que no legisla para el pueblo, sino para los intereses económicos. Este proyecto representaba la posibilidad de que las familias caribeñas dejaran de pagar facturas exorbitantes por un servicio irregular. Sin embargo, fue archivado con la frialdad con la que se desecha cualquier posibilidad de justicia social”, expresó Correa.

Entre los congresistas que votaron en contra del proyecto se encuentran Ciro Antonio Rodríguez Pinzón y Daniel Carvalho Mejía, cuyos nombres han sido señalados por diversos sectores como los responsables directos de bloquear la iniciativa. La decisión ha sido calificada como un golpe directo a una de las regiones que históricamente ha padecido el abandono institucional y la precariedad en la prestación de servicios públicos.

El Caribe colombiano es hoy una de las regiones con las tarifas de energía más altas del país, a pesar de contar con un servicio deficiente y constantes interrupciones. Empresas como Air-e, encargadas de la distribución en varios departamentos, han sido reiteradamente cuestionadas por la ciudadanía, que reclama un servicio digno y tarifas justas.

A esto se suma la denuncia del senador Correa sobre el cabildeo silencioso de grandes grupos empresariales y monopolios del sector energético que, según él, operan bajo dinámicas que no requieren registros oficiales, ya que el sistema está estructurado para proteger sus intereses de manera automática.

“El proyecto de justicia tarifaria representaba una amenaza real para quienes han convertido el servicio de energía en un negocio privado extraordinariamente rentable. Por eso lo bloquearon”, añadió Correa.

Con esta decisión, se profundiza el malestar ciudadano en la región Caribe, donde líderes sociales, organizaciones comunitarias y defensores de derechos han advertido sobre el impacto económico y social que representa pagar facturas desproporcionadas en hogares que muchas veces apenas subsisten.

El archivo del proyecto no solo implica el rechazo a una medida concreta, sino que refleja —según analistas— un modelo institucional que favorece sistemáticamente a los intereses económicos por encima del bienestar colectivo.

A pesar del revés legislativo, el senador Correa anunció que presentará nuevamente la propuesta, en un intento por reabrir el debate y obligar a que el Congreso escuche el clamor de millones de ciudadanos que, mes a mes, se ven obligados a destinar buena parte de sus ingresos al pago de un servicio esencial convertido en un lujo.

En palabras del congresista: “No nos vamos a rendir. La justicia tarifaria es un derecho, no una concesión. Seguiremos luchando para que el Congreso represente al pueblo y no a los monopolios”.

La región Caribe, golpeada por la desigualdad, el abandono institucional y la precariedad en servicios, sigue esperando una respuesta efectiva que convierta sus derechos en realidad. Por ahora, la justicia tarifaria sigue siendo una promesa pendiente.