Con ocho votos a favor y seis en contra, la Comisión Séptima del Senado decidió archivar la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, generando reacciones tanto en el ámbito político como en las calles, donde diversos sectores sociales han manifestado su descontento con la decisión.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la iniciativa argumentando que “la mejor manera de disminuir la pobreza es garantizar políticas de empleo”, destacando que la propuesta del Gobierno buscaba fortalecer los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales en el país. Sin embargo, la votación reflejó una fuerte división en el Congreso, lo que impidió que la reforma avanzara en su trámite legislativo.

Votación en la Comisión Séptima del Senado:

• A favor del archivo: 8 votos
• En contra del archivo: 6 votos

Movilizaciones sociales y presión política

Mientras se desarrollaba el debate en el Senado, miles de ciudadanos se movilizaron en diferentes ciudades del país para exigir la continuidad del trámite de la reforma. Gremios, sindicatos y organizaciones sociales han insistido en que la iniciativa debe ser reconsiderada, argumentando que su archivo representa un retroceso en la lucha por los derechos laborales.

Senadores como María Fernanda Carrascal, Jaime Raúl Salamanca y Jennifer Pedraza han buscado generar un consenso que permita revivir la discusión y reconsiderar la votación. Sin embargo, los ocho legisladores que apoyaron el archivo de la reforma han mantenido su postura.

Petro insiste en avanzar con la reforma

Ante el revés en el Congreso, el presidente Gustavo Petro se reunió en la Plaza de Bolívar con representantes de gremios, sindicatos, estudiantes y diversas organizaciones sociales, donde reiteró su compromiso con la reforma laboral. “No podemos permitir que el Congreso le cierre las puertas a los derechos de los trabajadores”, expresó el mandatario, señalando que su gobierno explorará otras vías para lograr los cambios propuestos.

Consulta popular como alternativa

Ante la imposibilidad de avanzar en el Congreso, el Gobierno ha planteado la posibilidad de convocar una consulta popular como mecanismo constitucional para que la ciudadanía decida sobre la implementación de las reformas sociales.

Este proceso requeriría cumplir con requisitos legales específicos, incluyendo la recolección de firmas equivalentes a la tercera parte del censo electoral, lo que equivale a 13.654.457 ciudadanos. De lograrse el respaldo necesario, el pueblo colombiano tendría la posibilidad de votar directamente sobre las reformas propuestas.

El debate sobre la reforma laboral sigue abierto en el escenario político, mientras el Gobierno y los sectores sociales buscan alternativas para impulsar cambios en la legislación laboral del país.