El Juzgado 53 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá sentenció al excapitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al expatrullero Jhon Fredy Morales por su responsabilidad en las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes fueron empleadas domésticas de la actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia.

Correa Loaiza fue condenado a 11 años y 3 meses de prisión, mientras que Morales deberá cumplir una pena de 12 años y 1 mes. Ambos fueron hallados culpables como coautores de los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.

La juez negó el beneficio de detención domiciliaria y dispuso que los dos condenados cumplan la pena en un centro de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), una vez la sentencia quede en firme.

Según el fallo, los exuniformados presentaron ante la Fiscalía informes y pruebas falsas que sirvieron de base para obtener, de manera irregular, la autorización de interceptar las líneas telefónicas de Meza y Perea. En los documentos adulterados, los investigadores hicieron pasar a las exempleadas como presuntas integrantes del Clan del Golfo, asignándoles los alias de “la madrina” y “la cocinera”.

La Fiscalía demostró que los implicados, aprovechando sus cargos en el área de comunicaciones de la Policía, vincularon los números telefónicos de las dos mujeres a una investigación contra alias “Siopas”, cabecilla de esa organización criminal.

Las interceptaciones se produjeron en medio de la investigación por la desaparición de un maletín con dinero en la vivienda de Sarabia, hecho que desató un escándalo político y su posterior salida de la Casa de Nariño.

El caso tomó mayor relevancia cuando Marelbys Meza denunció haber sido llevada a un sótano de la Presidencia de la República, donde permaneció durante más de cuatro horas y fue sometida a una prueba de polígrafo bajo sospecha de haber extraviado la maleta.

Con esta decisión judicial, la justicia colombiana da un nuevo paso en el esclarecimiento de uno de los episodios más controvertidos que involucraron a altos funcionarios y miembros de la fuerza pública en 2023, reafirmando la importancia de la transparencia y el respeto por los derechos fundamentales en las actuaciones estatales.