Habitantes de zonas rurales del sur de Bolívar denunciaron que presuntos integrantes del ELN estarían imponiendo restricciones al uso de teléfonos celulares y antenas de comunicación bajo amenazas de muerte, una situación que encendió las alarmas por el riesgo de aislamiento de las comunidades.

De acuerdo con las denuncias conocidas, el grupo armado ilegal habría advertido a la población que no puede utilizar celulares ni instalar equipos de comunicación sin autorización. La medida afecta especialmente a campesinos y líderes comunitarios que dependen de estos medios para comunicarse con sus familias, reportar emergencias o alertar a las autoridades sobre hechos de violencia.

La situación se registra en una región históricamente golpeada por la presencia de estructuras armadas ilegales, disputas por el control territorial, minería ilegal, extorsiones y corredores estratégicos para economías ilícitas. En ese contexto, la prohibición de celulares y antenas aumenta el temor de la población civil y limita su posibilidad de pedir ayuda.

Líderes sociales han advertido que este tipo de imposiciones configura una forma de control social armado, pues busca restringir la comunicación de los habitantes y evitar que se denuncien movimientos o acciones de los grupos ilegales. Además, podría profundizar el confinamiento de comunidades rurales que ya enfrentan dificultades de acceso a vías, servicios básicos y presencia institucional.

El ELN, considerado la última guerrilla activa de Colombia, mantiene presencia en diferentes zonas del país a través de frentes rurales y redes de apoyo. En varias regiones ha sido señalado por secuestros, extorsiones, ataques contra infraestructura, reclutamiento y amenazas contra la población civil.

Las autoridades deberán verificar las denuncias y adoptar medidas urgentes para proteger a los habitantes del sur de Bolívar. Organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que las restricciones impuestas por actores armados ilegales afectan derechos fundamentales como la libre comunicación, la seguridad, la movilidad y el acceso a la información.

Mientras se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades departamentales y nacionales, las comunidades piden mayor presencia del Estado, garantías de seguridad y acompañamiento humanitario para evitar que las amenazas se traduzcan en nuevos hechos de violencia o desplazamiento.