El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una ponencia en la que concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 habría incurrido en violación de topes de financiación y en la recepción de aportes prohibidos. De acuerdo con el magistrado Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE, se trata de un proceso que ha tomado más de dos años de investigación, recolección de pruebas y audiencias a las partes involucradas.

“Practicamos todas las pruebas con garantías procesales a los sujetos implicados, y ayer radicamos una ponencia que propone sanciones por superación de topes y por financiación prohibida”, afirmó Prada este miércoles 27 de agosto.

El magistrado precisó que las sanciones no recaen directamente sobre el presidente en ejercicio, debido a que la Corte Constitucional determinó que cualquier investigación contra un jefe de Estado debe trasladarse a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por ello, las indagaciones se adelantan sobre su rol como candidato y no como presidente. Una vez el CNE adopte su decisión en sala plena, el expediente será remitido a esa instancia legislativa, que es la competente para investigar a los mandatarios en Colombia.

En cuanto a la vigencia del proceso, Prada aclaró que no ha caducado, pese a que ya pasaron más de tres años desde la primera vuelta presidencial, el 29 de mayo de 2022. Explicó que hubo suspensiones en los plazos, primero por un conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusaciones —resuelto por el Consejo de Estado, lo que detuvo los términos por 80 días—, y posteriormente por recusaciones presentadas contra magistrados.

La decisión final sobre la ponencia, elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, será debatida el próximo 11 de septiembre en sala plena del CNE. Para su aprobación se necesitan seis de los nueve votos posibles. En caso de no alcanzarse esta mayoría, se designará un conjuez entre los habilitados para definir el rumbo del proceso.

Respecto a las sanciones, Prada enfatizó que no se contempla la exclusión de los partidos del Pacto Histórico de las elecciones de 2026, como se ha especulado en algunos sectores. La propuesta se concentra en sanciones económicas, fijando la multa máxima prevista en la ley, cercana a los 1.200 millones de pesos por partido integrante de la coalición.

“Se impuso la multa máxima prevista en la ley, cercana a los 1.200 millones de pesos por partido, pero no buscamos sanciones que afecten su participación en las elecciones de 2026”, subrayó el presidente del CNE.

De esta manera, las colectividades del Pacto Histórico podrán seguir participando en el escenario electoral, aunque deberán responder financieramente por las irregularidades detectadas. Si la ponencia recibe el respaldo suficiente, se procederá con la imposición de las multas y se enviarán copias del expediente a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones.

El proceso mantiene encendido el debate político en el país, mientras sectores afines al Pacto Histórico aseguran que se trata de un intento de debilitarlos de cara a los próximos comicios presidenciales.