Al cumplirse un año del recrudecimiento del conflicto armado en la subregión del Catatumbo, el presidente Gustavo Petro lanzó una de sus declaraciones más duras frente a la situación que enfrentan las comunidades rurales de esta zona fronteriza con Venezuela. El mandatario aseguró que las acciones perpetradas por el ELN y las disidencias de las antiguas Farc configuran delitos de lesa humanidad, al denunciar el asesinato sistemático de campesinos en medio de la disputa por el control de economías ilegales.

Según el jefe de Estado, la violencia que se ha intensificado desde hace doce meses responde a una lógica de poder y codicia alrededor de los cultivos de hoja de coca, que ha dejado un saldo devastador para la población civil. Petro sostuvo que la sangre derramada en el Catatumbo contradice cualquier discurso que invoque la paz o la justicia social y advirtió que no puede justificarse la muerte de comunidades enteras bajo supuestas banderas revolucionarias.

En sus pronunciamientos públicos, el presidente también cuestionó de manera directa al ELN por el asesinato de líderes sociales, el reclutamiento de jóvenes y los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública. En ese contexto, hizo un llamado a la reflexión, señalando que ninguna causa política puede sostenerse sobre el sacrificio de campesinos, jóvenes colombianos y venezolanos utilizados como carne de cañón en una guerra que solo beneficia a quienes se enriquecen con el narcotráfico.

Petro insistió en que la violencia ejercida por estos grupos armados no representa ideales transformadores, sino prácticas criminales que degradan cualquier propósito político. Afirmó que las verdaderas ideas de cambio están asociadas a la vida, la dignidad y el futuro, no a la imposición armada ni al control violento de los territorios.

Las declaraciones del mandatario se produjeron tras la presentación de dos informes de la Defensoría del Pueblo en el municipio de Tibú, en los que se documenta el grave impacto humanitario que persiste en el Catatumbo. De acuerdo con la entidad, un año después del desplazamiento masivo provocado por los enfrentamientos, las comunidades siguen expuestas a homicidios, amenazas, control territorial ilegal y al reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que los testimonios recogidos en terreno evidencian la comisión de crímenes de carácter internacional y subrayó que las víctimas han sido históricamente invisibilizadas. La funcionaria reiteró la urgencia de una respuesta integral del Estado que garantice protección efectiva, prevención del reclutamiento y atención a las violencias basadas en género.

Aunque el Gobierno Nacional decretó el estado de conmoción interior y anunció medidas para fortalecer la institucionalidad, incrementar la presencia de la Fuerza Pública y avanzar en programas de desarrollo rural y sustitución de cultivos, líderes sociales y habitantes del Catatumbo manifestaron que muchos de esos compromisos no se han materializado. La Defensoría advirtió que el abandono estatal sigue siendo una constante y que las condiciones de seguridad no han mejorado de manera sustancial.

Finalmente, la entidad hizo un llamado tanto al ELN como a las disidencias para que se habiliten espacios humanitarios y se comprometan con el respeto al derecho internacional humanitario, recordando que esta guerra no pertenece a la población civil y que su continuidad solo profundiza el sufrimiento de un territorio que clama por una paz real y duradera.