La Región Administrativa y de Planificación del Caribe, que agrupa a las gobernaciones de los departamentos de la región, expresó su preocupación por el recorte presupuestal aplicado al megaproyecto de restauración de ecosistemas del Canal del Dique, una obra considerada estratégica para la seguridad hídrica, ambiental y social del Caribe colombiano.

Desde la RAP Caribe, junto con las gobernaciones de Bolívar y Atlántico, se advirtió que la reducción de recursos compromete seriamente la ejecución integral del proyecto y pone en riesgo los acuerdos financieros y técnicos previamente establecidos con el Gobierno nacional. Las autoridades regionales solicitaron que se respeten los compromisos adquiridos para garantizar la continuidad de una intervención que ha requerido años de planeación, gestión social y estructuración técnica.

El proyecto del Canal del Dique cuenta con una inversión estimada de 3,1 billones de pesos y es considerado el programa ambiental y de infraestructura más ambicioso del país. Su alcance no solo está relacionado con el desarrollo económico de la región, sino también con la prevención de emergencias y desastres como los registrados en 2010, cuando miles de familias resultaron afectadas por graves inundaciones.

De acuerdo con la RAP Caribe, la decisión del Ministerio de Hacienda de recortar 637.000 millones de pesos, equivalentes al 83,6 por ciento de la vigencia futura prevista para 2025, representa un riesgo crítico para la continuidad del proyecto. Este ajuste presupuestal amenaza con frenar un proceso que ya ha avanzado de manera significativa en su componente social y técnico, con más de 250 espacios de socialización comunitaria, 16 consultas previas culminadas y un largo proceso de estructuración financiera y ambiental.

Las autoridades regionales alertaron que una eventual paralización o desfinanciación tendría impactos directos sobre más de 1,5 millones de habitantes de 19 municipios del Caribe, quienes dependen de esta intervención para reducir riesgos asociados a inundaciones, deterioro ambiental y problemas de conectividad fluvial.

Entre los principales beneficios que quedarían en riesgo se encuentran la recuperación de ecosistemas degradados, la gestión integral del recurso hídrico para mitigar inundaciones y enfrentar periodos de sequía, el fortalecimiento del sistema fluvial y portuario, y el cumplimiento de compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de adaptación y resiliencia frente al cambio climático.

La Contraloría General de la República ha advertido que la suspensión del proyecto podría generar consecuencias ambientales, sociales y fiscales de gran magnitud. Por esta razón, la RAP Caribe y las gobernaciones reiteraron el llamado al Gobierno nacional para abrir espacios de concertación con la concesión, las comunidades y los órganos de control, con el fin de encontrar soluciones que permitan asegurar la financiación y continuidad de la obra.

Para los líderes regionales, el Canal del Dique es una intervención clave para la estabilidad ambiental y el desarrollo sostenible del Caribe. Más allá de una obra de infraestructura, representa una herramienta fundamental para proteger la vida, el territorio y el futuro de millones de habitantes de la región.