En un operativo realizado por la Fiscalía General de la Nación en el departamento del Guaviare, fue capturada Angie Liseth Jaramillo Arias, conocida como alias La Crespa, quien se desempeñaba como secretaria en la Personería Municipal de Calamar. La funcionaria es señalada de haber colaborado con las disidencias de las Farc del frente Armando Ríos, bajo el mando de Iván Mordisco, en el secuestro y asesinato de ocho líderes sociales y religiosos ocurrido en abril de este año.

De acuerdo con la investigación, Jaramillo habría utilizado su cargo público para entregar información confidencial sobre los lugares de residencia de las víctimas y las operaciones de las autoridades en la zona. Dichos datos, según la Fiscalía, habrían facilitado la ejecución del múltiple crimen que conmocionó al país.

Durante la audiencia de imputación, el delegado del ente acusador reveló que la procesada “prestaba servicios de inteligencia delictiva desde la Personería Municipal”, aprovechando sus contactos con la Policía Nacional y la Alcaldía de Calamar para alertar a los grupos armados sobre allanamientos, órdenes de captura y movimientos institucionales.

Junto a alias La Crespa también fueron capturados Miller Leonardo Garrafa Neira, conocido con varios alias como Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio; y Jorge Eliecer Ávila, alias Yucape, quienes harían parte activa del frente Armando Ríos. Ambos habrían participado directamente en la planeación y ejecución del secuestro y posterior asesinato de los ocho líderes, cuyos cuerpos fueron hallados meses después en una fosa común en zona rural de Calamar.

Según los investigadores, las víctimas fueron citadas por los disidentes con el pretexto de aclarar supuestos vínculos con el ELN en el Guaviare, acusación que se basó únicamente en su procedencia del departamento de Arauca.

La Fiscalía les imputó a los tres detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Ninguno de los capturados aceptó los cargos.

Este caso ha generado preocupación entre las autoridades locales, pues pone en evidencia el nivel de infiltración de las disidencias en entidades públicas del Guaviare, así como la vulnerabilidad de los líderes sociales que siguen siendo blanco de la violencia en el sur del país.